Claro planteó que la flexibilidad operativa y la cooperación entre empresas, reguladores y organismos públicos deben ocupar un lugar central en la resiliencia de las redes de telecomunicaciones. La posición fue expuesta en octubre de 2026 por Diego Santos, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de la compañía para Argentina, Uruguay y Paraguay, durante una cumbre regional celebrada en Montevideo.
En concreto, la intervención no estuvo asociada con el anuncio de una inversión o un despliegue de infraestructura. Santos participó en la 18ª cumbre organizada por el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores en Telecomunicaciones (REGULATEL), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), donde operadores y autoridades abordaron la seguridad y la capacidad de respuesta de las redes.
Según el representante de Claro, la gestión de las telecomunicaciones está pasando de un modelo concentrado en la fiabilidad técnica de cada red a otro que requiere colaboración entre distintos actores. En una declaración incluida en el comunicado, Santos resumió esa idea al afirmar que “la resiliencia es otra forma de decir flexibilidad” y sostuvo que los sistemas monolíticos tienen dificultades para responder a escenarios cambiantes.
En términos operativos, la resiliencia es la capacidad de una red para mantener o recuperar sus servicios ante fallas, interrupciones energéticas, incidentes de ciberseguridad o fenómenos climáticos. La flexibilidad contribuye a ese objetivo cuando permite redistribuir tráfico, utilizar rutas alternativas, activar fuentes de energía de respaldo o coordinar recursos entre distintas organizaciones, sin que ello implique por sí solo que una infraestructura sea inmune a las interrupciones.
Además, Santos indicó que los cambios en las amenazas climáticas modifican la planificación de las redes y obligan a considerar de manera conjunta la conectividad, el suministro energético y la ciberseguridad. Esa visión amplía el trabajo tradicional de los operadores: ya no se trata únicamente de dimensionar capacidad para atender la demanda, sino también de preparar procedimientos de continuidad y recuperación frente a eventos que pueden afectar varios componentes al mismo tiempo.
En paralelo, el debate regional sobre resiliencia se vincula con el reconocimiento de las telecomunicaciones como soporte de actividades públicas y económicas. En octubre, Colombia elevó las telecomunicaciones a la categoría de infraestructura crítica, una decisión que sitúa la continuidad, la seguridad y la coordinación institucional dentro de la gestión de riesgos del país.
Por su parte, el panel de Montevideo reunió también a representantes de Anatel de Brasil, Enacom de Argentina, Personal, Conatel de Honduras y Cisco. La composición muestra que la resiliencia atraviesa ámbitos que suelen administrarse por separado: regulación, operación de redes, interconexión, energía y seguridad informática.
Finalmente, el planteamiento de Claro sitúa la flexibilidad más allá de la arquitectura técnica. Una red puede contar con redundancia y respaldo, pero su capacidad de recuperación también depende de reglas, canales de coordinación y procedimientos que permitan actuar durante una contingencia. En ese marco, la resiliencia regional no queda limitada a cada operador, sino que comprende la forma en que empresas y autoridades coordinan recursos cuando una interrupción supera los límites de una sola red.
