La GSMA publicó un informe sobre el impacto de los fenómenos meteorológicos severos en las redes móviles y propuso cinco principios para orientar las políticas de resiliencia. Según las estimaciones de la asociación, las tormentas e inundaciones cuestan actualmente a los operadores 1.700 millones de dólares anuales en reparación y sustitución de infraestructura en sitios celulares, cifra que podría superar los 3.000 millones de dólares al año hacia 2050.
El punto de partida del documento es que la continuidad de las comunicaciones móviles depende tanto de la infraestructura de telecomunicaciones como de otros servicios. La GSMA identifica el suministro eléctrico como una vulnerabilidad sistémica: de acuerdo con su análisis, los fenómenos meteorológicos severos interrumpen con frecuencia las redes por fallas de energía y no necesariamente por daños directos en antenas, radios u otros equipos.
En términos económicos, las tormentas representan alrededor de 1.000 millones de dólares de los costos anuales calculados por la organización. Bajo las condiciones climáticas proyectadas para mediados de siglo, ese componente podría alcanzar aproximadamente 2.400 millones de dólares por año en 2050, según el informe. La GSMA califica estas estimaciones como conservadoras porque no incluyen daños en redes fijas, incendios forestales, calor extremo, pérdida de ingresos, tareas de restablecimiento, mayor consumo energético ni aumentos de las primas de seguros.
Además, el análisis de más de 50 países encontró que las grandes tormentas e inundaciones coincidieron con un promedio aproximado de 150 interrupciones de telecomunicaciones por año entre 2022 y 2024. Esos incidentes afectaron directamente a poco menos de 215 millones de usuarios anuales, de acuerdo con las cifras de la asociación.
Frente a ese escenario, la GSMA plantea que los reguladores eviten requisitos técnicos rígidos y adopten obligaciones basadas en resultados. Este enfoque permitiría, según la entidad, que cada operador elija las medidas adecuadas para los riesgos locales, entre ellas fuentes de energía de respaldo, conexiones redundantes, itinerancia de emergencia y capacidades de respuesta rápida.
La segunda propuesta consiste en incorporar la resiliencia desde la planificación de las redes y considerar los riesgos climáticos futuros en las decisiones de inversión. La tercera pide consultar a los operadores antes de establecer obligaciones, con el objetivo de contemplar costos, plazos operativos y posibles superposiciones entre normas de telecomunicaciones, infraestructura crítica, preparación para emergencias y divulgación de información climática.
A su vez, el cuarto principio sitúa la continuidad de las comunicaciones como una responsabilidad compartida entre operadores, gobiernos, servicios de emergencia, compañías eléctricas y otros proveedores de infraestructura crítica. El quinto reclama responsabilidades definidas, comunicaciones públicas durante las emergencias y mecanismos que mantengan el acceso a servicios esenciales, en particular para usuarios vulnerables.
En la práctica, el carácter interdependiente de estas redes limita el alcance de las medidas que puede adoptar una operadora por sí sola. Las baterías y los generadores pueden sostener temporalmente un sitio celular cuando falla la red eléctrica, mientras que las conexiones redundantes y la itinerancia de emergencia pueden ofrecer rutas alternativas; sin embargo, su funcionamiento también depende del acceso físico a los sitios, el transporte y el suministro de combustible.
Por otra parte, la GSMA sostiene que las obligaciones regulatorias deben ser proporcionales a los riesgos y ofrecer previsibilidad para las inversiones de largo plazo. Cuando las exigencias públicas superen los planes de inversión de los operadores, la asociación propone que los gobiernos evalúen incentivos, financiamiento o mecanismos de recuperación de costos. El planteamiento se suma a la petición de la GSMA a Canadá para orientar su política de telecomunicaciones hacia la inversión en redes.
Así, los principios no constituyen obligaciones vinculantes ni anuncian inversiones concretas, sino una propuesta dirigida a gobiernos y reguladores. Su lectura de fondo es que la resiliencia móvil ya no puede abordarse únicamente mediante el refuerzo de torres y equipos: también requiere coordinación con los sectores de energía, transporte y emergencias de los que depende la continuidad del servicio cuando ocurre una interrupción de gran escala.
