En caso de que se apruebe el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, el 20 por ciento de las frecuencias se destinarán exclusivamente para uso gubernamental, educativo, salud y emergencias según determine el Órgano Ejecutivo y será otorgado de forma directa. El porcentaje restante se distribuirá entre los privados a través de licitaciones públicas y cada licencia de radiodifusión tendrá una vigencia de diez años. El Plan Nacional de Frecuencias estará administrado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT). Al mismo tiempo, se indica que las frecuencias para servicios militares y de seguridad del Estado serán secretas.