El 18 de febrero entró en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional.
A partir de entonces, se procedió a la fusión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con el objetivo de conformar la nueva Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), institución que integrará las funciones de administración, regulación y control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
El flamante organismo regulador —adscripto al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información— cuenta con un directorio conformado por el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín Tobar, el secretario de Planificación y Desarrollo, Pabel Muñoz, y el delegado del Presidente de la República, Stevie Gamboa Valladares.
En la primera sesión de trabajo el directorio de Arcotel designó a la ingeniera Ana Proaño De La Torre como directora Ejecutiva de la entidad. Ana Proaño se desempeñaba hasta entonces como secretaria de Telecomunicaciones. Con esta designación, todo indica que no habrá cambios en la política de regulación del sector.
De acuerdo con el texto de la Ley de Telecomunicaciones, Proaño será la única responsable de autorizar los cambios en la titularidad de las acciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de convenios o contratos que incidan en el control operativo o real sobre la empresa o su proceso de toma de decisiones, entre otras funciones.
En tanto, el directorio de Arcotel tendrá a su cargo, además de la administración, gestión, regulación y control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, la regulación y control de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias de espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los prestadores de servicios de audio y video por suscripción.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue aprobada a fines del año pasado por la Asamblea Nacional y este año volvió a ser tratada en el Parlamento, con el objetivo de discutir las 24 observaciones realizadas por el presidente Rafael Correa. Finalmente, en febrero de 2015 el Pleno de la Asamblea Nacional incorporó 23 de los 24 temas apuntados por el Poder Ejecutivo y dio por finalizado el proceso de debate. La nueva legislación fue inscripta en el registro oficial el miércoles 18 de febrero.