La Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel), integrada por las filiales locales de Claro, Digicel, Movistar y Tigo, envió una carta a Salvador Sánchez Cerén, presidente de la república, en la cual rechazó el nuevo impuesto del cinco por ciento a las telecomunicaciones.
“La Cámara expresó su descontento por no haber sido consultada respecto del contenido de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, ni la viabilidad de ejecutar la misma en la forma en que fue planteada”, señaló Casatel en un comunicado citado por el portal elsalvador.com.
Asimismo, Casatel estimó que necesitan cuatro meses para conocer en detalle cómo se aplicará el impuesto y para informar a sus usuarios de los aumentos subsecuentes en sus facturas, que podrían ascender al 20 por ciento en vista de los diversos intermediarios que participan del ecosistema.
El gravamen, que se aplicará al pago de telefonía e Internet fija y móvil, datos y TV restringida, además de transferencia e importación de equipos y accesorios con vistas a financiar programas de seguridad, ya fue denunciado por un abogado bajo argumento de inconstitucionalidad.
