¿Cómo será la nueva ley de comunicaciones convergentes argentina?

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo rector de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual en Argentina, dio a conocer la semana pasada un documento con los 17 principios de la Ley de Comunicaciones Convergentes, que buscará unificar la ley de telecomunicaciones y la de servicios de comunicación audiovisual (LSCA).

El documento espera darle un marco a los debates que mantiene la Comisión Redactora de la Nueva Ley de Comunicaciones con diferentes actores del sector y tiene como objetivo ser la base de la redacción de la nueva legislación, que se espera se dé a conocer entre finales de 2016 y principios de 2017.

El texto despeja algunas dudas sobre cuál es el proyecto del gobierno argentino en materia de regulación del sector. En principio, se trata de una ley convergente, es decir, que regulará a todos los servicios que permitan “recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión y contenidos con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilicen”.  Claro que se trata de un concepto muy amplio —que esperamos sea más concreto en la redacción de la ley—, pero que en esta definición trae aparejado un concepto muy importante: la neutralidad tecnológica. Esto podría implicar el fin de aquellas restricciones para dar determinados servicios por tipo de tecnología —recordemos sólo la polémica porque la ley Argentina Digital prohibió a las telefónicas dar TV paga mediante DTH— y abrir el paso para la convergencia de servicios y redes.

Otro punto importante es que el documento prevé el acceso universal, ubicuo, equitativo, asequible y de calidad a Internet como derecho fundamental y un derecho humano. Y señala que las comunicaciones convergentes serán consideradas “de interés público” —lo que abre la pregunta sobre si la telefonía pública, hoy considerada servicio público por la regulación argentina, pasará a ser considerada como un servicio de interés público en competencia—.

Los principios señalan que los servicios de comunicaciones convergentes podrán ser ofrecidos por empresas de gestión estatal —es el caso de Arsat— o privada, con y sin fines de lucro. A lo largo del texto se hace hincapié en la necesidad de garantizar la defensa de la competencia y la pluralidad y, en un párrafo, hasta abren la posibilidad de generar algún tipo de regulación para garantizar la operación de las pequeñas empresas sin fines de lucro. La regulación del sector “deberá contener reglas claras, abiertas y flexibles que posibiliten la evolución tecnológica, promuevan la competencia de los prestadores privados de gestión comercial y garanticen las actividades de los prestadores de gestión no comercial”, afirma el documento.

En materia de organismo de control, el documento propone una autoridad de aplicación autónoma y autárquica, compuesta por miembros de “reconocida trayectoria académica o profesional en la materia” —aunque deja a la redacción de la ley la forma en que éstos miembros se seleccionarán—. La autoridad de aplicación deberá ser controlada por órganos constitucionales, legales y parlamentarios.

El documento cuenta con otras definiciones orientadas a la necesidad de garantizar la pluralidad de voces en el segmento de los servicios audiovisuales. Poco se explaya en términos de gestión de espectro —señala que el Estado debe administrarlo conforme a criterios que garanticen la pluralidad, diversidad y respeto de los acuerdos y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)— y en materia de prevención de la concentración del sector. Debemos esperar a que esté listo un primer borrador de la nueva regulación para tener más definiciones sobre cómo se constituirá el sector de las telecomunicaciones en los próximos años.

Leticia Pautasio
Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

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