Brasil comienza el ocho de diciembre el bloqueo de celulares irregulares en 10 estados. Ya lo aplicó en otros dos y lo hará en los restantes en una tercera fase que comenzará en poco más de un mes y terminará el 24 de marzo de 2019. El objetivo es combatir el uso de teléfonos falsificados o con IMEI adulterados e inhibir la comercialización de aparatos homologados en el país.
La norma local que da luz verde a este proceso establece que los operadores tienen dar aviso del bloqueo a los usuarios a través mensajes de texto. Deben indicar que el dispositivo “ya no funcionará en las redes móviles” en cuatro oportunidades: 75 días antes, 50 días antes y 25 días antes. El último SMS debe enviarse en las horas previas a la desactivación.
Los tiempos planteados sirven para que el cliente que cuente con un celular irregular pueda acudir a la empresa o persona que le vendió el teléfono y ejercer sus derechos como consumidor. Serán bloqueados los aparatos que no ofrezcan la calidad y seguridad exigidas por la regulación brasileña, indicó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en un comunicado.
No hay que irse de lo que dice el organismo para evaluar el funcionamiento de este sistema en el país. En el Distrito Federal y el estado de Goiás el bloqueo se aplica desde mayo de este año y se han bloqueado 103.000 celulares irregulares desde entonces. La cifra es igual al 0,8 por ciento de los 12,4 millones de usuarios móviles que existen en las dos unidades federativas en conjunto.
El caso Brasil pone al descubierto una problemática que no le es ajena al resto de Latinoamérica, más bien lo contrario. La mayoría de los países de la región, por no decir todos, han intentado eliminar el flagelo de los delitos asociados con teléfonos celulares con propuestas que comparten metas pero no siempre procedimientos. Tampoco es Brasil el único que, tal vez obligado por la amplitud del mercado, ha tomado la controvertida decisión de que el bloqueo se ejecute por etapas.
Casi cualquier discurso que se escuche en boca de autoridades sobre el tema empieza con la aceptación de una problemática que escapa a las telecomunicaciones. Los robos de celulares terminan, en ocasiones, con la víctima muerta. Así de lejos llega el tema y así de necesario es encontrar alternativas que funcionen en Latinoamérica. Después aparecen otras cuestiones como secuestros virtuales a través de móviles irregulares y más atrás cuestiones de negocio, como “cuevas” de venta ilegal o el mercado negro.
Es complejo determinar si el país más grande de Sudamérica llegó demasiado tarde a ocuparse del tema. Más que complejo sería injusto si se contempla que alguna de las regulaciones sobre el tema en el país datan de 2002. Lo mismo corre para el resto de los países, más aún si se tiene en cuenta que el sector es solo una pieza del ecosistema del que forman parte cuestiones sociales y autoridades de las más diversas, entre ellas las fuerzas de seguridad.
Ecuador avisó hace unos meses que los teléfonos que no estén homologados serán bloqueados y Perú advirtió que se bloquearían cerca de un millón de celulares con IMEI inválidos. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) estaba listo para hacerlo el 19 de septiembre pero el Ministerio del Interior le pidió que lo haga por etapas hasta fin de año para no perjudicar a los usuarios que habían adquirido equipos de buena fe.
Argentina implementa desde 2016 una serie de medidas que le permitieron a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablar de una baja del 20 por ciento en la cantidad de robos registrados en el país. Hubo 1,8 millones de casos en 2016 y 1,4 millones en 2017, dijo. La ejecutiva dio la cifra en el marco de un evento que tenía como primer objetivo advertir a los usuarios prepagos que sus líneas prepago no verificadas serían bloqueadas, norma que comenzó a correr a fines de octubre.
Guatemala implementó la ley de terminales móviles hace cinco años y la cantidad de robos se mantuvo con flecha hacia arriba en ese país. Paraguay aplicó cambios en el registro de importadores y recibió críticas de comerciantes preocupados por “cuánto se tardará en revisar pieza por pieza un embarque de 30.000 celulares”. Costa Rica y El Salvador prohibieron señales en centros penitenciarios y hubo quejas por el derecho a la comunicación de los presos y de vecinos que quedaron sin señal.
El camino más cercano al correcto parece ser las alternativas regionales y la GSMA ha mostrado avances en este sentido, con la firma de acuerdos con varios de los países de Latinoamérica para frenar el robo de teléfonos. Hubo listas negras y listas blancas, también acuerdos bilaterales, como el caso de Colombia y Perú. Sin embargo, al momento nada parece suficiente para romper la tendencia que escapa de los límites y facultades de los actores del sector pero hace sonar su teléfono.
