La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó para comentarios un nuevo Reglamento de Fiscalización Regulatoria, que propone cambios en la forma y el tipo de sanción que se aplica ante prácticas consideradas ilegítimas por parte de los proveedores de servicio. La propuesta es una regulación responsiva —es decir, una regulación que se enfoque en la capacidad de respuesta y fomente el diálogo— que, de comenzar a funcionar, podría convertirse en un caso replicable para una región en donde las multas son villanos poco creíbles.
La idea de regulación responsiva suele presentarse considerando algunos principios básicos, entre los que se encuentra contextualizar, dialogar, aprender y sancionar solo como último recurso. Bajo este concepto, el regulador brasileño aplicará multa solo si no caben sanciones de advertencia, si el infractor incumplió medidas preventivas, existiera riesgo de vida o ante el desarrollo de una actividad clandestina que cause interferencias a compañías con licencia.
También se proponen cambios al Reglamento de Aplicaciones de Sanciones Administrativas con el ojo puesto en estimular la corrección de la conducta por parte de las empresas, indicó el portal local TeleSintese. El documento presentado por el organismo permanece en etapa de consulta pública desde el 27 de diciembre. Se recibirán comentarios hasta el 27 de marzo próximo.
De aprobarse sin cambios, las multas que se apliquen podrán ser reducidas. Se permitirá hasta un 90 por ciento de baja en las sanciones derivadas de acciones que hayan sido resueltas por las empresas y cuando éstas hayan reparado el daño causado a los usuarios. En algunos casos podrán aplicarse bajas de 70, 50, 20 y 10 por ciento cuando se considere, por ejemplo, que el involucrado adoptó medidas para minimizar los efectos de la infracción. El porcentaje variará según la etapa del proceso en que actúe el infractor.
En octubre, Anatel recibió un total de 254.800 quejas de usuarios de telecomunicaciones, cifra 7,5 por ciento menor a lo informado un año atrás. Las multas no parecen ser la explicación a esta caída que ya es tendencia en el país. Al menos así parece si se tiene en cuenta que una de las últimas sanciones pecuniarias aprobadas fue en contra de TIM por fallas en la provisión de servicios para usuarios prepagos durante 2009. Casi 10 años después la empresa anunció que prepararía su defensa contra la multa de 50 millones de reales (13,5 millones de dólares).
El tiempo que transcurre entre la acción y la sanción es uno de los argumentos que fundamentan la teoría de que, al menos en esta parte del mundo, las multas impuestas no han traído como consecuencia la mejora en la provisión de servicios. Quizás esta opción que nació en Brasil sea más adelante una práctica a tener en cuenta por autoridades de otros países, que todavía luchan contra cada vez más reclamos de usuarios enojados por temas de facturación, calidad o promociones que no resultaron lo que esperaban.
