La subasta de espectro en Colombia no debería estar supeditada a nueva ley TIC pero sería mejor que lo estuviera

La subasta de espectro en la banda de 700 MHz, 1900 MHz y 2,5 GHz ha sido tantas veces anunciada como la llegada del invierno en Game of Thrones. Es que primero se anunció para 2015 pero se fue demorando hasta que llegamos a 2019 sin perspectivas de que se realice en el corto plazo.

En 2018 hubo avances pero el cambio de gobierno y una propuesta de modernización de la ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) frenaron la posibilidad de licitación. Las autoridades concluyeron que sería mejor que se realice una vez que tome el mando la nueva administración y se apruebe un proyecto de ley que se esperaba tenga un trámite rápido en el Parlamento.

Unir una demorada licitación de espectro —y de una banda tan clave como es la de 700 MHz— con la aprobación de las modificaciones a la ley de telecomunicaciones puede parecer una medida incorrecta. Poner a disposición de los tiempos parlamentarios una licitación que ya se encuentra avanzada —ya se ha publicado un borrador de las bases y condiciones y hasta una segunda versión incluyendo comentarios de la Superintendencia de Comercio— parece una necesidad desacertada para un mercado que demanda recursos espectrales para mejorar su conectividad. Esa es la conclusión, al menos, a la que se llega luego de leer la noticia publicada por el periódico local La República.

Samuel Alberto Yohai de la Cámara Colombiana de Informática y Tecnología (CCTI) pidió que el proceso de subasta continúe su marcha e, incluso, que se priorice a pesar de que no haya sido aprobado el proyecto de Modernización del sector TIC. Apuntó que la licitación debe hacerse a la mayor brevedad posible y que no debe estar supeditada a los cambios que pueda implementar la ley TIC. El anterior líder de la cámara que agrupa a los ingenieros, Julián Cardona, además, resaltó que la licitación debería haberse realizado “hace dos años” y remarcó que los operadores que intentaron postergar la subasta alegando dificultades económicas “no se han dado cuenta que son ellos mismos los que se van a perjudicar”.

La realidad es que, si la subasta se realiza bajo el marco normativo actual, existen algunos retos a superar y que pretendían ser resueltos por un proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento con carácter de urgencia y que tiene el respaldo de casi cualquier actor de la industria al que se le consulte.

La asociación que nuclea a los operadores móviles, Asomóvil, ya había solicitado que se postergue la licitación con la esperanza puesta en que el nuevo gobierno modifique las condiciones y el Parlamento aprueba una nueva ley. En ese entonces, Asomóvil, aseguraba que no estaban dadas las condiciones para invertir. Su posición —que parece contradecir a lo que opina la CCTI y el extitular de la cámara de ingenieros—, finalmente, tiene mayor peso ya que esa cámara agrupa a las compañías que asumirían el riesgo de pagar por un espectro e invertir en una red para comercializar sobre ella otros servicios.

El primer problema es la duración de las concesiones de espectro. Los operadores quisieran esperar a una Ley TIC que eleva la adjudicación hasta 20 años como forma de poder amortizar inversiones y contar con mayor seguridad jurídica. No obstante, Yohai considera que este plazo podría añadirse a las bases de la licitación de forma independiente a los términos que contempla la ley que se discute en el Congreso. De esta forma, se sortearía esta dificultad, tal y como se hizo anteriormente con los topes de espectro.

El segundo ítem, que parece obviar el artículo publicado en Colombia, es, probablemente, la razón por la que se espera que la licitación se realice una vez que estén aprobadas las nuevas normas que regirán al sector.

La legislación actual colombiana tiene en sus textos que uno de los objetivos de subastar espectro será “maximizar el retorno económico”. Esto significa que toda licitación que sea impulsada por el gobierno colombiano deberá intentar llevar el precio del espectro lo más arriba posible.

Desde México hasta Argentina, de Norte a Sur y de Esta e Oeste, los operadores encuentran en el precio del espectro un problema que resuelven reduciendo inversiones en red. Además, con un negocio que tiende a la comoditización y pocas perspectivas de subir los ingresos, pagar un precio alto por el espectro es cada vez menos atractivo. Y si a la vocación recaudatoria de los reguladores se le suma una legislación que propone maximizar el retorno, el combo se vuelve explosivo.

El proyecto que discute el Congreso colombiano, en cambio, pone énfasis en otorgar espectro para “maximizar el bienestar social” y “fomentar la inversión en infraestructura”. Así, Colombia espera ofrecer a los operadores un entorno más propicio para desarrollar sus negocios. La ley carga con sus espaldas la responsabilidad de promover la inversión en el sector, un ítem que demuestran los estudios viene en decadencia en los últimos años.

La licitación de espectro, sin cambios profundos en el sector, posiblemente no alcance para modificar la situación de Colombia. Es más, una licitación apurada, en un contexto para la inversión desfavorable, podría tener todo el efecto contrario.

Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

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