Más de dos décadas pasaron desde que se sancionó en Perú la ley de telecomunicaciones que rige hasta el momento. Los cambios constantes en el mercado casi que obligan al debate de un nueva ley sectorial, una propuesta que inició esta semana el camino a ser discutida por el Congreso. Mientras que para algunos hay otras urgencias otros la consideran un primer paso de herramienta fundamental para otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a los inversionistas.
La propuesta está a cargo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Ya hubo algunos foros y mesas de trabajo lideradas por el presidente de esa comisión, el congresista Wuilian Monterola. El funcionario confió, en diálogo con El Comercio, que pronto se iniciará el debate formal y espera su aprobación para mediados de año. Para él, la norma actual no refleja el mundo actual de telecomunicaciones y “ciertos sectores pretender usarla como biblia, interpretándola como mejor se acomode a su conciencia o intereses”.
Aunque no se conoce formalmente su contenido pero el medio peruano señaló que tendría entre sus propuestas nueva definición de funciones para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) al tiempo que redefiniría pormenores del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), creado recientemente con foco puesto en la universalización de servicios en Perú. Se contemplaría, por ejemplo, que los fondos de Pronatel solo puedan usarse en sitios no atendidos por privados.
También se propuso que los informes que realice el regulador sean siempre tomados en cuenta por MTC, es decir, que sus reportes ganen carácter de vinculantes. Esto porque varias presentaciones de Osiptel sobre temas sensibles como transferencia de espectro no fueron contempladas por la cartera sectorial lo que generó ciertos desbalances en la asignación de espectro para telefonía móvil, se quejó el presidente de Osiptel, Rafael Muente, durante los debates.
“En Perú no hemos considerado una regulación especial para la comunicación electrónica o conceptos como servicios digitales o ciudades inteligentes. Otra particularidad: nuestra legislación dice que el espectro es un patrimonio de la Nación y no un bien de dominio público”, agregó a las materias pendientes Monterola en alguno de los foros de discusión que hubo sobre el tema.
Muente consideró necesario adaptar la ley actual mientras que la viceministra de Comunicaciones, Rosa Nakagawa Morales, optó por indicar que es “lo urgente en el país es la banda ancha, la concesión de la Red Dorsal y los proyectos regionales FITEL (hoy Pronatel)”. En su descargo, reconoció que la ley sectorial es antigua pero añadió que “no entorpeció el desarrollo” y ha tenido varias modificaciones puntuales, la última de ellas en 2016.
Por su parte, el ex Osiptel, Gonzalo Ruiz Díaz, enfatizó su presentación en la idea de que “una nueva legislación debe abordar un enfoque integral que involucre a todos los componentes del ecosistema digital: infraestructura y servicio, usuarios, industria y servicios digitales”. También consideró que debe ponerse principal atención en impulsar y facilitar la inversión como forma de “estar preparados para el advenimiento de nuevas tecnologías”.
Así las cosas, en paralelo a cuestiones de forma, como el debate con Azteca para saber cómo cambiar el estado actual de subutilización de la Red Dorsal, y de fondo, como la reordenamiento espectral para allanar el camino a 5G, Perú también analizará detalles de una nueva ley sectorial. Adaptación es la palabra que usan sus defensores y otras prioridades el concepto favorito de quienes prefieren posponer su discusión. Los distintos puntos de vista prometen un debate con intereses encontrados y tonos elevados.
