El rol de los operadores estatales en telecomunicaciones está en duda hace rato en Latinoamérica como consecuencia de dos realidades: hay privados suficientes para atender la demanda y a los gobiernos de la región no le sobran recursos, más bien todo lo contrario. Es en este contexto que Ecuador evalúo qué hacer con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y optó por concesionar su administración.
Hay distintas respuestas a por qué el gobierno no optó directamente por vender el activo y la más convincente es que se debe a cuestiones reglamentarias. Es que el marco legal local establece que las telecomunicaciones son estratégicas en Ecuador y que el Estado debe crear empresas públicas para la previsión de servicios. Con esta premisa nació la CNT y con ese argumento la enajenación se tornaría un debate que difícilmente logre un final feliz para los objetivos de las autoridades.
Mantener las cosas como hasta el momento tampoco parecía una opción. El gobierno tiene previsto ahorrar 14,6 millones de dólares de presupuesto que iba a asignarse a la empresa solo para 2020 gracias a un plan de austeridad que incluye una reestructuración con eliminación de cargos y desvinculación de empleados, por ejemplo, una estrategia similar a la que aplicó la estatal hondureña Hondutel, que a fin de cuentas no tuvo resultados positivos.
En este contexto es que el 26 de agosto la CNT convocó oficialmente al concurso internacional para “la contratación de una banca de inversión que preste servicios de asesoramiento en la determinación e implementación de un esquema de negocio empresarial y selección de un operador privado temporal para la empresa pública”. Esa convocatoria cerraría en septiembre pero no hubo noticias hasta las últimas horas, cuando el operador reabrió la búsqueda y puso como plazo para entregar ofertas el 26 de noviembre.
La invitación fue cursada a 10 bancas de inversión y compañías especializadas de distintos países, puntualmente a BNP Paribas (Francia), Lazard (Estados Unidos), BDO Colombia (Colombia), Ernst & Young (Reino Unido), Valor & Estrategia (Colombia), ONE to ONE Corporate Finance (España), Guggenheim Securities (Estados Unidos), Deloitte Consulting (Estados Unidos), Credit Suisse Group (Suiza) y KPMG (Países Bajos).
La adjudicación al ganador del proceso está prevista para diciembre. A partir de eso, se abrirán dos etapas. En la fase I la banca se encargará del “análisis y valoración de la empresa y recomendará el modelo de negocio o asociación aplicable para garantizar su sostenibilidad y crecimiento”, para lo que tiene 180 días. En la fase II estructurará el proceso competitivo para ejecutar la transacción seleccionada antes y asistirá al operador en la calificación de oferentes y sus propuestas.
Según datos oficiales, la empresa estatal es líder de dos de los cuatro servicios tradicionales en Ecuador. Cuenta con algo menos de la mitad de los abonados de Internet fijo y con el 84 por ciento del total de líneas de telefonía fija en funcionamiento. En tanto, se ubica segundo en TV paga, detrás de DirecTV, y cierra el podio en telefonía fija con poco menos del 20 por ciento de participación. Al parecer estos porcentajes resultan insuficientes para mantener la salud de la estatal sin la intervención de terceros.
