El rol de los operadores estatales se ha modificado en el mercado celular desde la llegada de empresas privadas que lograron convertir su experiencia en propuestas atractivas para los usuarios. Hay casos que permiten hablar de estatales como compañías con futuro promisorio en el segmento móvil pero otras luchan por sobrevivir ante la feroz competencia y la necesidad de los gobiernos de atender temas ajenos al sector.
La amplitud de esquemas de mercados que existen en Latinoamérica permiten elegirla como escenario para evaluar la situación, problemas y virtudes que presentan las estatales, las que hace ya varios años se han encontrado con más operadores ofreciendo los mismos servicios. El análisis podría haberse hecho en otro momento pero en esta ocasión será utilizado como contexto para intentar entender los argumentos que, como se rumorea, podrían llevar a que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador (CNT) pase a manos de privados.
El medio Ecuador Inmediato se hizo eco de documentos que pondrían a la luz la privatización de la firma estatal que presta servicios en el país. El proceso estaría a cargo de una empresa estadounidense, contratada por el consejero presidencial Santiago Cuesta. De confirmarse, la idea sería que en primera instancia una empresa se ocupe de su gestión con dinero público para luego construir un modelo de negocio totalmente privado.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos que poner en manos de privados una compañía estatal no es cosa sencilla. Apenas cinco semanas atrás se conoció el fallo definitivo que ratificó que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) finalmente no será vendida. La enajenación fue propuesta por las autoridades locales y los trabajadores llevaron el caso a la justicia por fallos en los pasos previos. También en Colombia se espera para el primer trimestre de este año una decisión acerca de la continuidad de operaciones de la unidad de telecomunicaciones de Emcali por resultados por debajo de lo esperado.
¿Cómo vienen los estatales en los mercados móviles de la región? Hablar en términos generales resultaría injusto porque las realidades son diferentes. Antel, por ejemplo, tiene una sólida presencia en Uruguay, donde mantiene un 53 por ciento de mercado y algunas medallas: fue pionero en el lanzamiento de 4G en la región y, años más tarde, el primero en presentar LTE-A. También goza de buena salud el ICE en Costa Rica, con una participación móvil superior al 50 por ciento a pesar del crecimiento que tuvieron Movistar y Claro desde su llegada. Los registros no permiten ser exactos con la participación de Entel en Bolivia, pero considerando datos de la empresa y sus competidores se podría decir que las estimaciones lo dan primero, a poca distancia de Tigo y Viva.
La mencionada CNT pasó del 10 por ciento al 18 por ciento de participación móvil en Ecuador en los últimos tres años. Eso no le alcanzó para evitar los rumores de venta ni para dejar el tercer puesto que ocupa detrás de los privados. Mientras tanto, en Paraguay, el sindicato de Copaco alertó en diálogo con Última Hora que si no cesa la fuga de clientes la empresa estatal corre riesgo de “hundirse” —su filial móvil tiene cerca del cuatro por ciento de mercado— y, en Honduras, parte de los problemas que enfrenta Hondutel es por la caída estrepitosa en el número de usuarios que lo llevaron a tener una participación móvil menor al uno por ciento.
En este contexto, es razonable preguntarse por qué se mantienen operativas empresas estatales si hay firmas privadas que podrían satisfacer la demanda móvil. Alguien podría contestar porque es complejo venderlas. Si eliminamos esa opción quedan otras: son los estatales quienes se ocupan de llevar a cabo proyectos sociales y de cubrir los huecos que dejan los privados. Además, no solo dan telefonía móvil sino que en la mayoría de los casos son monopolios en telefonía fija y también prestan otros servicios.
Hay varios ejemplos en la región que pueden confirmar que la presencia de estatales no es necesaria. ¿Hay telefonía móvil en Chile, Argentina o Perú? Sí y en ninguno de ellos participa una compañía estatal. en la parte de acceso. Además, en estos tres casos, que no son los únicos, la penetración celular es superior al 100 por ciento. Allí son los operadores privados los que a través de contraprestaciones obligatorias se ocupan de llevar servicios en zonas alejadas o poco rentables, lo que equilibra la balanza entre los pro y los contra.
Latinoamérica enfrenta casos que lo obligan a revisar si resulta justo mantener operativas empresas estatales en mercados móviles que posiblemente funcionarían sin su presencia o si, como opinan algunos políticos, es preferible, con el dinero que resulte de privatizarlas, atender aspectos sociales. El alcalde de Bogotá, por ejemplo, prometía plazas, colegios y bibliotecas con el dinero que se obtuviera de la eventual venta de ETB. En el medio de la puja aparece la política y el diablo mete la cola en negociados que involucran bienes públicos y que hacen dudar de casi cualquier operación. Los privados ya pusieron en duda el rol de las estatales en mercado móvil y la reconfiguración del mercado obliga a tomar decisiones que impactarán dentro y fuera de las telecomunicaciones.
