Perú tiene dificultades para lograr consenso en medidas que atañen al sector

Cuando el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dio 10 días para que los operadores cesen de la contratación del servicio de telefonía móvil en la vía pública se esperaba cola del asunto por ser un tema ajeno al sector pero que lo afectaría directamente. Dicho y hecho: los operadores pegaron el grito en el cielo, otra vez, por considerarla “una barrera burocrática ilegal”.

El regulador dio el plazo hace dos semanas y puso como argumento que no era conveniente que los interesados en contratar un servicio lo hagan sin que se garanticen sus derechos como consumidor. También consideró peligroso que el acuerdo se haga sin pleno conocimiento de las prestaciones que se ofrecen y expuso que la venta ambulante era un problema a la hora de generar acciones de supervisión.

Un comunicado firmado por Claro, Bitel y Entel deja de manifiesto el malestar de los operadores con la medida. “Coincidimos y estamos comprometidos en la necesidad de combatir a las mafias de suplantación de identidad y a las personas que atacan al sector” pero “el problema no se solucionará con la eliminación de un mecanismo de venta legítimo, masivo, inclusivo y digital”, sostienen las partes según refirió el medio Perú 21.

Luego, agregan que “por el uno por ciento de personas inescrupulosas, se dejaría sin empleo al 99 por ciento restante”. Más tarde explican que ya se han puesto a rodar distintos mecanismos para evitar casos de suplantación de identidad: registro de personas responsables de la venta, restricciones comerciales a la venta por cliente y PIN de seguridad para aplicar la portabilidad numérica, entre otros.

En este contexto, las empresas proponen la creación de una mesa de trabajo para revisar la situación y, además, que se aprueben otras acciones para reducir los delitos de este tipo, entre ellas exigir la huella digital de los vendedores, limitar la venta de chips en la vía pública a una línea por mes, mejorar el proceso de entrega de información a usuarios y exigir sanciones ejemplares contra las personas identificadas como promotores del fraude.

Pero para hablar de un patrón de quejas ante medidas que se aplican en el sector es necesario dar más ejemplos y no hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrarlos. Hubo reclamos del sector cuando Osiptel puso en marcha su plan para bloquear celulares in con IMEI inválidos y, un poco antes, los operadores se opusieron a la implementación de un sistema biométrico de identificación por el costo que suponía.

En el primer caso, el reclamo de la industria, al que se sumó el de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), se basaba en el daño colateral que tenía la medida en quienes habían adquirido equipos de buena fe, sin conocer su procedencia. El Ministerio del Interior fue el encargado de hacer un pedido formal a la cartera sectorial para que cambie el cronograma de aplicación de la norma, que finalmente se ejecutó por etapas.

La puesta en marcha del sistema biométrico,  en tanto, fue resistida por los operadores abiertamente, ya que no estaban de acuerdo con ser ellos los que debían sostenerlo desde lo económico. La medida entró en vigencia igual  en enero de 2017 y al último día de septiembre de este año los cuatro operadores con red propia (Movistar, Entel, Claro y Bitel) habían recibido multas por problemas en su aplicación, tales como usuarios mal registrados o activación en puntos de venta no registrados.

En poco tiempo, entonces, se abre en Perú un nuevo tema que promete discusión entre quienes ponen las reglas y los que deben respetarlas. Comercializar servicios o productos de telecomunicaciones en la calle es ilegal en el país luego de más de 100 inspecciones en las que se identificó incumplimiento de los comerciantes. Los operadores reclaman al menos una instancia de diálogo para revisar la situación. Queda ver si, esta vez, las voces en contra terminan por callar o modificar normas vigentes en Perú.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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