En México ya no está permitido el uso, fabricación o comercialización de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales celulares. Así lo establece el decreto que modifica la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal. La única excepción a la regla serán los centros penitenciarios, en donde permanece la luz verde para usar elementos de inhibición autorizados.
En primer lugar, se adicionó el artículo 190 Bis a la ley sectorial, que prohíbe expresamente el uso de equipos al tiempo que advierte que “se podrá instruir la fabricación, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento de los menores”.
La sanción para quienes incumplan con la nueva normativa, que entró a correr el 24 de enero, será de 12 a 15 años de prisión. Si el delito fuera cometido por servidores públicos, sin autorización expresa escrita por su superior, se impondrá la pena de 15 a 18 años. Los particulares que tienen este tipo de aparatos deberán entregarlos a la Secretaria de Seguridad, destruirlos o excluirlos del país en un máximo de 30 días.
El bloqueo de señales celulares es un tema habitual de debate en Latinoamérica. Algunos de los países, como El Salvador, establecieron recientemente normas para utilizar aparatos inhibidores en centros penitenciarios. La decisión trajo debate por reacciones en contra de quienes defendían que esto viola los derechos de los presos o bien deriva en problemas con el servicio por parte de los vecinos de centros de reclusión.
