Un paso más acaba de dar Oi en su proceso de recuperación judicial. En este caso, como parte de la estrategia de desprenderse de activos que no son parte fundamental de su negocio, anunció a los accionistas que cumplió con la promesa de vender el inmueble de su propiedad ubicado en Río de Janeiro. El edificio pasará a manos de Alianza Gestión de Recursos en marzo por unos 120,5 millones de reales (28,4 millones de dólares).
La operación fue aprobada por las instancias judiciales correspondientes una vez que recibió el visto bueno del ministerio Público y se dio aviso a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Esta semana también se conoció que Oi rubricó un acuerdo con la petrolera Sonagol para venderle la participación del 25 por ciento que tiene en la angoleña Unitel. Por esa transacción recibirá unos 1.000 millones de dólares.
Ahora quedan otros activos en la lista. Entre ellos aparece la opción de que la compañía se desprenda de torres, un movimiento habitual en operadores de Latinoamérica con problemas económicos, y venda su red de fibra óptica y Data Center en San Pablo. Todo esto es necesario en el plan de la empresa que, según estimaciones, requiere unos 3.700 millones de reales (885 millones de dólares) de caja para cumplir con su estrategia solo en 2020.
En paralelo, parece cada vez más cercana la posibilidad de que se desprenda de su segmento móvil, una opción que ya fue barajada públicamente por sus autoridades y por las entidades que se ocupan de revisar su situación financiera. Esa venta le significarían hasta 18.000 millones de reales (unos 4.287 millones de dólares) y la posibilidad de dedicarse de forma exclusiva a servicios fijos, para el que viene invirtiendo con fibra óptica como herramienta. Tiene para ofrecer 90 MHz y casi 38 millones de usuarios, propuesta que luce interesante para cualquiera de sus competidores o eventuales interesados en ser parte del mercado móvil local.
