A pesar que la decisión es que las empresas privadas puedan establecer tarifas libremente en el Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) consideró que debe actuar a partir del aumento de tarifas determinado por Telefónica del Perú para su servicio de Internet fijo. Telefónica ya es objeto de regulación de precios para servicios de telefonía fija —mercado regulado por ser considerado un servicio público— y ahora también lo será en Internet fijo, o al menos hasta que dure la revisión del régimen tarifario que el organismo regulador pretende iniciar.
En una decisión publicada el fin de semana en el diario oficial El Peruano, Osiptel indica que Telefónica había aplicado hasta 10 incrementos sucesivos en las tarifas de su servicio de Internet fijo que han llegado a implicar aumentos tarifarios de hasta 31,6 por ciento en el período de dos años. De acuerdo con Osiptel este accionar “no se correlaciona con el comportamiento de las empresas competidoras del mismo mercado” por lo que “respondería principalmente a un ejercicio excesivo del poder de mercado” —la española cuenta con cerca del 70 por ciento de las líneas de banda ancha fija del Perú—.
Como primera instancia, Osiptel impuso una medida cautelar que ordena a Telefónica que deje sin efecto el aumento de tarifas de Internet fijo y los planes empaquetados que incluyen este servicio,y devuelvan el monto del incremento aplicado a los usuarios en enero. Mientras tanto, dispuso la revisión por tres meses del régimen tarifario aplicable al servicio de Internet fijo prestado por Telefónica. Mientras dure la revisión, el operador tampoco podrá incrementar los precios de los servicios. Tampoco podrá cesar o suspender la comercialización de los planes de esos servicios.
De acuerdo con el análisis efectuado por el organismo regulador, el incremento tarifario aplicado por la empresa Telefónica, que entró en vigencia en enero de 2020, es el mayor registrado en los últimos años, con un incremento promedio de 13 soles (3,8 dólares) por recibo. La medida afecta a 1,71 millones de abonados y a una Telefónica que debe cumplir las reglas pero que evalúa acciones legales para poder tener la capacidad de fijar precios en un mercado, todavía, concentrado.
