El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) anunció que las instituciones públicas del país podrán usar la Red Dorsal de Fibra Óptica. A partir de ello, consideró, las otras redes quedarán descongestionadas y esto permitirá mejorar calidad del servicio al que acceden usuarios particulares. Este es una nueva acción del país para reducir el impacto del contexto en los servicios declarados esenciales.
Quedará para Pronatel la facultad de verificar que la capacidad contratada en la red nacional sea exclusivamente destinada a atender la demanda de conectividad de entidades públicas, por lo que queda prohibido su uso para fines comerciales de cualquier tipo. El tendido nacional es al momento administrado por Azteca, a pesar del deteriorado vínculo entre las autoridades nacionales y el brazo ejecutor por la subutilización de la red.
A esto se agrega que hace pocas horas, decreto mediante, se autorizó a la cartera sectorial a brindar concesiones temporales de espectro a los operadores que justifiquen necesitarlo para mantener la operación y calidad de los servicios que prestan en determinadas zonas. Las concesiones se podrán dar por hasta seis meses, renovables por igual período una única vez y no correrá para estos casos el pago de los canones habituales. Esto también como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Los operadores, mientras tanto, aprovechan los distintos espacios para exteriorizar sus problemas. Esta vez fue el caso de Bitel, que habló de un impacto financiero importante como consecuencia de la pandemia. “En marzo ya tuvimos una contracción significativa, pero en abril fue de más de 35 por ciento contra febrero”, dijeron desde la firma al portal local El Comercio. Agregaron que la tasa de morosidad va en aumento y se quejaron de una “sobre-regulación y un sobrecosto que no ha permitido generar la rentabilidad necesaria para solventar las inversiones”.
En zonas urbanas, añadieron, el tráfico se incrementó un 15 por ciento al tiempo que en sitios rurales el crecimiento fue de 25 por ciento. Esto en un contexto en que los empleados de la compañía trabajan en modalidad home-office y en tiempos en el que el servicio post-venta quedó anulado. El futuro es incierto pero las previsiones marcan, según advirtieron, que los ingresos de la población seguirán afectados y eso impactará todos los ítems financieros posibles en el corto y mediano plazo.
Ante el nuevo escenario, la vietnamita trabaja en optimizar los gastos, reestructurar los procesos, funciones y, en general, toda la operación. Piden, como otros en la región, la exoneración de impuestos para todos los servicios, equipos y suministros que atañen al sector. También pagar el 50 por ciento del canon por el uso de espectro radioeléctrico y ampliar a 30 años el plazo de los contratos de concesión, además de que estos se renueven de forma automática según nuevos compromisos de inversión.
La pandemia expuso que las redes de telecomunicaciones son clave y así lo han entendido los distintos gobiernos que pusieron la prestación de servicios de este tipo como esenciales para que la población se mantenga informada, comunicada y entretenida. Tanto reguladores como operadores pusieron manos a la obra y cambiaron sus estrategias de corto plazo para atender los desafíos pero, claro, las rispideces que hubo antes entre unos y otros, lejos de disiparse, aumentaron ante las nuevas urgencias.
