El contexto de pandemia funcionó como catalizador de las decisiones sectoriales en el mundo. Algunos planes pasaron a estar en lo más alto de la lista de prioridades, como aquellos vinculados con el acceso a servicios por parte de poblaciones vulnerables, y otros quedaron en una lista aparte formada por los ítems que se resolverán una vez vuelva a todo a la normalidad. Un proyecto de ley en Brasil busca que la discusión sobre la privatización de activos locales quede en ese segundo listado, en otras palabras, que vuelva a debatirse en un año.
El proyecto es el 2715/2020 y tiene como fin suspender provisoriamente los procesos de privatización llevados a cabo por la administración pública. Vale recordar que Telebras es parte de ese listado, a pesar de la resistencia de los ejecutivos de la empresa. Se plantea que los procedimientos queden en pausa por 12 meses a contar desde que deje de estar vigente el estado de calamidad, lo que por el momento ocurrirá en diciembre de este año. Entonces, en la práctica, las discusiones podrían reanudarse recién en 2022.
La propuesta fue presentada por los diputados Enio Verri, Perpétua Almeida, Fernanda Melchionna y Joenia Wapichana. Será ahora analizada por la Cámara de Diputados, indicó el portal local Convergencia Digital. El escrito argumenta que “tras una crisis de estas dimensiones los precios de los activos caen y generan un ambiente hostil respecto de las ofertas. Estos períodos son perfectos para la compra y pésimos para la venta”.
Telebras llegó al listado de firmas privatizables por problemas propios y de contexto. Para 2020 esperaba tener ingresos operativos brutos por 383,6 millones de reales (66,9 millones de dólares). La cifra sería sensiblemente superior a la informada antes pero seguramente se vea afectada por el contexto. Ya lo dejaba claro la compañía en su último informe: el resultado podría cambiar considerablemente por los riesgos e incertezas propias del mercado en el que participa la compañía.
Antes de esto la empresa pidió a Ellalink Irlanda rescindir el contrato de derecho irrevocable de uso de conexión entre Brasil y Europa a través de un cable submarino por falta de recursos. Todavía más atrás en el tiempo estuvo en el ojo de la tormenta por la elección de Viasat, un socio extranjero, para el uso de la capacidad civil de satélite geoestacionario SGDC. Todo esto y las dificultades propias de las estatales para funcionar en el mercado de las telecomunicaciones en Latinoamérica llevaron a la empresa un paso más cerca de la privatización. Si prospera esta propuesta, de todas formas, será estatal al menos hasta 2022.
