Decisiones propias y un contexto complejo para los operadores estatales en Latinoamérica llevaron a Telebras a la lista de empresas que pueden ser privatizadas en Brasil. En medio de las dudas sobre el futuro de los planes gubernamentales que tiene a su cargo, la compañía presentó proyecciones positivas en facturación para el acumulado 2020 respecto de los registros previos, aunque advirtió que no puede garantizar que se cumplan.
La firma prevé que este año generará ingresos operativos brutos por 383,6 millones de reales (81,8 millones de dólares). La cifra es sensiblemente superior a los 260 millones de reales (55,5 millones de dólares) registrados en 2018 y más aún si se compara con los 81,4 millones de reales (17,3 millones de dólares) informados en 2017. Telebras todavía no ofreció cifras definitivas para 2019, pero al tercer trimestre registraba ventas brutas acumuladas por 143 millones de reales (30,5 millones de dólares).
Las buenas previsiones, como ya se dijo, prenden de un hilo. “Debido a los riesgos e incerteza del mercado del que participa la compañía, el escenario económico actual, los efectos de la regulación futura y la competencia, el resultado podría cambiar considerablemente”, indicó la estatal en un comunicado, en el que agregó que cualquier cambio será informado tanto a accionistas como público general.
La previsión se conoce a pocas semanas de que Telebras anunció oficialmente que envió a Ellalink Irlanda una solicitud para rescindir el contrato de derecho irrevocable de uso de conexión entre Brasil y Europa a través de un cable submarino. El proyecto se gestó hace más de un lustro y debía estar operativo para 2019. La compañía local dijo que no tenía recursos para afrontar los desafíos que significaba el proyecto.
En agosto del año pasado Telebras calificó para ser incluida en el programa de asociación para inversiones del gobierno brasileño. A partir de ahí se estudian opciones para garantizar la sustentabilidad económica de una compañía que estuvo en el ojo de la tormenta tiempo atrás por escoger a un socio extranjero, Viasat, para el uso de la capacidad civil de SGDC. Una vez que se conoció la decisión gubernamental, la compañía estadounidense dijo que ningún cambio alteraría sus proyectos en el país.
