El Consejo Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) formalizó en las últimas horas la reunión en la que se sabría si Brasil daba luz verde al segundo Término de Ajustes de Conducta (TAC), por el que se cambian multas por inversiones. El protagonista era Algar Telecom, que solicitó modificar los términos y puso puntos suspensivos a la cuestión. Pidió bajar a la mitad el monto implicado en el acuerdo.
Este TAC ya había sido aprobado en agosto del año pasado tras las revisiones regulatorias correspondientes pero la solicitud de la compañía obliga a volver a revisar las cosas. Algar pidió, en concreto, eliminar del acuerdo los procesos administrativos relacionados a la interrupción de servicios. De esta forma solo quedarían involucrados los que tienen que ver con derechos y garantías de los usuarios y fiscalización.
El valor de referencia, de aprobarse la nueva versión, pasará entonces de 76,7 millones de reales (14,4 millones de dólares) a 45,4 millones de reales (8,5 millones de dólares), indicó el portal local Teletime. De ese monto, unos 36,4 millones de reales (6,8 millones de dólares) estarían destinados a compromisos a través de la implementación de 4G en poblaciones con menos de 30.000 habitantes. Los plazos serían de entre 18 y 30 meses.
En diciembre de 2013 se publicó el reglamento que establece las bases para que los prestadores de servicios puedan cambiar multas por inversiones en el país. Sin embargo, el primero que se aprobó fue en las últimas semanas, cuando se autorizó a TIM a pasar a inversiones sanciones por 639 millones de reales (120,6 millones de dólares). Antes quedó en el camino la iniciativa de Oi, por sus problemas financieros, y de Telefónica, cancelado por la propia empresa.
Brasil es uno de los países de la región que trabaja en nuevas herramientas para corregir a los operadores, luego de que un listado de casos han demostrado que las multas son poco eficientes en el sector. Habló en algún momento de regulación responsiva y aplicó la opción de cambiar las multas por inversiones. En esta segunda opción parece ser cierto que el diablo está en los detalles y de cuatro intentos por aplicarlo solo uno al momento vio la luz, aunque la normativa data de hace casi siete años.
