La Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (Aeprovi) se quejó de la prohibición que rige para operadores locales de suspender la provisión del servicio por falta de pago. Reclamaron que la decisión, tomada por las autoridades por la emergencia sanitaria, ha puesto en peligro la operación y la liquidez de las empresas.
Desde la entidad, indicaron que están en diálogo con el gobierno para encontrar una solución considerando que la prohibición regirá, al menos, hasta noviembre próximo. Afecta hasta el 50 por ciento de la recaudación mensual, perjudica la cadena de pagos y “pone en riesgo la conectividad del país con el resto del mundo”, consideraron.
Su presidente, Francisco Balarezo, reclamó que aún en este contexto siguen teniendo que pagar impuestos y cargas regulatorias sobre ingresos que no perciben. Consideró que hay clientes conscientes pero otros que pueden pagar y no lo hacen. Eso hace que “sea muy dificil la sostenibilidad del negocio”, indicó el ejecutivo al portal local Telégrafo.
La misma discusión tuvo lugar en distintas latitudes de Latinoamérica. Por ejemplo en Perú las empresas se quejaron de una normativa similar que puso en marcha el regulador Osiptel al punto de que el organismo habilitó la suspensión gradual por los altos niveles de morosidad. La misma medida se aplicó en Argentina y el Salvador, entre otros sitios.
