El año cerrará con un round vigente entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y AT&T en México. En noviembre el organismo emitió una demanda colectiva contra el operador y ahora le pide que responda si resarcirá a los clientes afectados o recurrirá la decisión. Es por el cobro de un concepto no contemplado en los contratos de adhesión.
La acción presentada tiene como objetivo que se repare el daño de un total de 844.480 consumidores porque a la empresa “no le asistía” el derecho de aplicar el cobro anual de 225 pesos (11,2 dólares) a usuarios que hayan optado por el pago diferido de su celular y, a pesar de eso, comenzó a cobrarlo en noviembre de 2019.
Profeco consideró “pertinente hacer precisiones sobre la información que el proveedor difundió a través de distintos medios”. Añadió que del 100 por ciento de las inconformidades presentadas en telecomunicaciones, AT&T en 2019 tuvo casi el 40 por ciento de las mismas y para el cierre de noviembre concentra el 23 por ciento, casi una de cada cuatro.
De paso aclaró que “si bien las inconformidades de todo el sector registró una disminución del 54 por ciento frente a 2019, esto se debe a que los consumidores prefirieron no salir de la casa para presentar quejas y, en muchos casos, se resolvieron mediante asesorías en forma virtual, lo que evitó la radicación de expedientes”.
De acuerdo a Profeco, la empresa incumplió el contrato de adhesión que le fue autorizado en octubre de 2018. Cuando se conoció la demanda, AT&T había dicho que una vez “notificados, analizaremos los argumentos y contestaremos por vía legal”. Ahora el conflicto se extenderá hasta el año próximo, siempre bajo el contexto de que las multas no resultaron para corregir la conducta de los operadores.
