La polémica que se encendió en agosto, cuando el gobierno argentino declaró servicios públicos a las TIC, está lejos de terminar. Las cooperativas y pymes ahora mostraron su rechazo a la reglamentación del decreto 690, que incluye prestaciones básicas para todos los servicios a precios predefinidos. A solo 48 horas de que la norma entre en vigencia, creen que medidas como la sancionada “llevan a la desaparición de pequeños y medianos proveedores”.
Los debates sobre la reglamentación del DNU 690 se concentran en dos puntos. Por un lado está la mencionada prestación mínima obligatoria, que es más resistida por los pequeños. Para ellos no alcanza con la asimetría que aplicó el gobierno en algunos servicios, según la cual las empresas con más clientes deberán ofrecer determinadas prestaciones a precios más bajos que los de menos jerarquía. El otro ítem, del que se quejaron más los grandes operadores, es el control sobre los aumentos a aplicar en enero, con un máximo de entre cinco y ocho por ciento según el tipo de compañía.
En la última semana del año, representantes de cinco asociaciones de cooperativas de todo el país dejaron claro que el debate seguirá en 2021. Se reunieron con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, quién “se comprometió en dar inicio al análisis de excepcionalidad del artículo 2 de la resolución 1466”, dijeron las en un comunicado. Ese artículo es el que habla de “pretensiones particulares de incrementos superiores” por parte de las empresas.
Participaron de la reunión representantes de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda. (Fedecoba), la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur) y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel).
Unos días antes fue la Cámara Argentina de Internet (Cabase) la que arremetió contra la medida. En un comunicado, expresó que “las resoluciones son una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas del sector y constituyen el producto del absoluto desconocimiento que tiene el gobierno de la estructura de costos, así como de la realidad en que se desenvuelven los más de 1.200 prestadores pymes y cooperativas de Argentina”. Las declaraciones también se dieron tras una reunión con autoridades del gobierno local.
“Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de los pequeños, justamente cuando lo que se necesita es que existan más empresas y emprendedores que permitan al usuario elegir entre varios prestadores”. Bajo estos argumentos la entidad pidió “la suspensión de las medidas anunciadas” al tiempo que anunció que “están analizando caminos administrativos y judiciales para evitar la destrucción de la industria”.
Asiet, en tanto, se pronunció en contra de la regulación de precios, en sintonía con lo que ya habían expresado ejecutivos de Telecom, Movistar y Claro. Consideró que la determinación de la subida tope del cinco por ciento fue “unilateral” y resulta “insuficiente para cubrir costos en un contexto de altísima inflación y devaluación”. Agregó que la medida compromete el futuro de la industria, perjudica las inversiones y el despliegue de nuevas redes.
Los dichos de pequeños, medianos y grandes, entonces, son material suficiente para reforzar una idea que ya estaba clara incluso en los debates previos: la declaración de las TIC como servicios públicos y la posterior reglamentación estará en el centro del debate sectorial en Argentina también el próximo año. Las empresas reforzaron su posición y las entidades contemplan acudir a la justicia si no reciben respuesta dando como resultado, otra vez, un brindis con polémica en el mundo de las telecomunicaciones.
