Desde que se decidió declarar a los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos, se sabía que la política de precios y tarifas era el principal punto de conflicto. Los operadores ya habían alertado que no estaban de acuerdo con una regulación de precios y el congelamiento impuesto con motivo da la pandemia había puesto en alerta a toda la industria, que tenía dudas sobre qué sucedería a partir de 2021.
El gobierno entendió que en un país con alta inflación —se estima que el índice de precios al consumidor (IPC) este año cerrará con un alza de aproximadamente 30 por ciento— había necesidad de avanzar en la actualización de precios de los servicios fijos, móviles y televisión paga. Sin embargo, la medida parece haberse tomado sin consenso de los operadores, a juzgar por el rechazo unívoco de los tres principales jugadores del sector.
El viernes pasado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó una suba del cinco por ciento para el mes de enero 2021 en los precios minoristas de todos los servicios. Y aprobó un aumento especial para aquellos operadores que tengan menos de 100.000 accesos, a quienes se les permitirá incrementar sus precios hasta el ocho por ciento —esto atendiendo el reclamo de las pymes, que aseguraban que el impacto del control de precios sería mayor en su segmento—. El porcentaje de aumento deberá tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio de 2021. La medida se complementa a la decisión de crear una “Prestación Básica Universal Obligatoria” para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones.
“Estas son las negociaciones que un Estado tiene que tener con las empresas, entendiendo los intereses que los privados defienden, pero también comprendiendo el rol estatal para proteger a los usuarios”, indicó el director de Enacom, Claudio Ambrosini, un comunicado de prensa. Sin embargo, los comunicados enviados por los operadores ponen énfasis justamente en que se trata de una decisión unilateral que atenta contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector “Medidas de carácter estructurales como las anunciadas debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos”, señaló Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, en un escueto comunicado en el que la compañía también señala comprender que la pandemia “exige a todos un trabajo de mayor cooperación y diálogo para encontrar soluciones equilibradas y de sustentabilidad para todos”.
El problema es que los operadores consideran que el aumento habilitado no es suficiente para garantizar esta sustentabilidad. El porcentaje del cinco porciento “está muy por debajo de la inflación relevada por el Indec (NdR: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) durante los últimos 12 meses; por lo tanto está desactualizado y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector”, alertó Movistar. “No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar solo un cinco por ciento de actualización de precios”, añadió. La compañía asegura que “no resulta consistente encontrar explicación en tal medida en el IPC, ya que las comunicaciones fueron uno de los rubros “que menos variación sufrió a lo largo del año, quedando 16 puntos por debajo de otros servicios e, incluso, hasta más de 20 puntos por debajo de la media”.
Telecom Argentina también se posicionó con dureza contra la medida. El operador indicó que el DNU N°690/20 —que establece a las telecomunicaciones como servicio público— “cambió drásticamente las reglas de juego del sector” y apuntó que la nueva medida “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias, en muchos casos, irreversibles”. Telecom remarcó que la telefonía móvil prepaga, que representa el 60 por ciento de las líneas, y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2021. Para el resto de los servicios, el último aumento fue en marzo del 2020. Además, la compañía aseguró que más de 700.000 clientes mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete facturas impagas. “Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena” indicó la compañía, que afirmó que los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes.
Para los operadores, la autorización de incremento de precios “no permite trabajar como lo han hecho hasta ahora”. Ponen el alerta en el costo de inversiones y la necesidad de seguir desplegando infraestructura que garantice la conectividad. “El atraso significativo que se da en materia de actualización de precios también tiene un impacto negativo directo en el gran desafío que tiene el país de achicar la brecha digital: afecta la igualdad de oportunidades para todos los argentinos; limita la evolución de los ecosistemas regionales y de las PyMes; y posterga la inserción del país al grupo de naciones más desarrolladas digitalmente”, indican desde Movistar.
Los operadores parecen querer abrir un canal de diálogo para llegar a consensos que permitan fomentar el desarrollo del sector e incrementar las inversiones. Si eso no ocurre, es posible que la reacción de la industria sea reducir las inversiones en el país para poder mantener la retribución de sus accionistas.
El gobierno ya está dispuesto a habilitar incrementos en los precios a partir de 2021 de manera gradual, siendo el cinco por ciento el primer paso. De acuerdo con iProfesional, convocará a las empresas al diálogo. Ahora la incógnita es cómo se desencadenará el descongelamiento y hasta que punto empresas y gobierno estarán dispuestos a negociar. La pregunta tendrá respuesta en los próximos meses.
