Pareciera que, con la llegada de los datos móviles y la actual configuración de los operadores en los diferentes mercados —donde la entrada de nuevos jugadores es ya una quimera—, el modelo de licitación de espectro ¿podría haber quedado anticuado?. Los operadores se quejan de tener que pagar grandes sumas de dinero por una porción de este bien público, sin dejarles margen para invertir en las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de sus servicios y, argumentan, poder ofrecerlos a precios más asequibles.
Y es que esta semana, Mauricio Ramos, CEO de Millicom en una entrevista para CNN en Español, explicaba esta problemática, al comentar que “las autopistas digitales se construyen con capitales del exterior, son inversiones billonarias con visión de largo plazo. Para continuar desarrollando las autopistas digitales, lo que no podemos hacer en nuestra región es quedarnos con paradigmas del pasado. El paradigma del pasado es que a la empresa que construye las redes, estas autopistas digitales, se le cobre un peaje por la vía de espectro y licencias”.
Datos de la GSMA, en su informe sobre impacto del valor del espectro sobre el precio final de los servicios, publicado en septiembre de 2019, mide la problemática ilustrada por el CEO. En él se revela que los altos costos del espectro conducen a resultados negativos para el consumidor en forma de precios de servicios más elevados. Además, restringe la capacidad financiera de los operadores para la inversión en la red. El informe recalca la importancia de que los gobiernos trabajen con las partes interesadas para permitir la concesión de licencias de espectro oportunas, justas y eficaces en beneficio de la sociedad.
Como mostró el reporte, esta clase de política afectan de sobre manera el precio de final de los productos, siendo las más afectadas, las personas ubicadas en áreas remotas y de bajo poder adquisitivo. “Históricamente la mayoría de los gobiernos de América Latina han utilizado la asignación de espectro radioeléctrico como una vía para obtener fondos que les permita balancear el presupuesto nacional,” dice José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. “En otras palabras, la voracidad fiscal prevalecía sobre las exigencias de inversiones en el necesario despliegue de infraestructura. Esta política se contrapone con los resultados de múltiples estudios económicos que establecen una relación directa entre el desarrollo económico y social de un país, con un aumento de los servicios de telecomunicaciones. Estos resultados dejan en claro que son precisamente las localidades pobres, con menor densidad poblacional o más apartadas las que poseen menor conectividad y más necesidad de desarrollo e inversión”, añade.
Además, Otero explica que estas inversiones nunca llegan a las zonas desfavorecidas porque los operadores se centran en aquellas regiones donde se van a obtener un retorno de las inversiones con mas velocidad. Lo que dejaría sin conectividad, o con una conectividad deficiente, a zonas rurales, concentrando las conexiones en las urbes y sus alrededores donde el ARPU suele ser mayor.
En síntesis, los operadores bajo el esquema actual de subastas deben pagar millones de dólares por el uso del espectro. Llegados al momento actual donde una pandemia global ha destapado la importancia de la conectividad, es descabellado preguntarse ¿Seria una locura que el espectro 5G se entregara bajo concurso de belleza a los operadores existentes en lugar de mediante una subasta? Ya no ganaría la licitación quien pone más dinero, sino quién presente el mejor proyecto.
“El diálogo público privado y entender al espectro como un habilitador y catalizador del crecimiento económico es esencial en este nuevo mundo donde la conectividad es cada vez más esencial para todos los habitantes. Comprender que, incluso asignando el espectro en forma gratuita, no alcanza para hacer el caso de negocio de despliegue de redes en zonas rurales o aisladas factible, es una realidad no sólo en América Latina, sino en la mayoría de los países del mundo. Por eso, se plantea el desafío de encarar proyectos de participación público-privada y/o con financiamiento público u de organismos internacionales, junto con la asignación de espectro a precios bajos o sin costo y con condiciones fiscales favorables, son pilares esenciales si queremos conectar a todos los habitantes de la región más desigual del mundo”, agrega Sonia Agnese, analista senior, Omdia Latinoamérica.
Aunque parezca difícil de lograr, existen casos de éxito, como el de Nueva Zelanda, por ejemplo. En mayo del 2020 se canceló la subasta por las limitaciones impuestas por la pandemia. En lugar de retrasar la adjudicación, el gobierno de Nueva Zelanda decidió permitir la liberación anticipada de los derechos de 3,5GHz disponibles, por un período de licencia definido hasta el 31 de octubre de 2022, a través de una oferta directa, en lugar de un premio competitivo o basado en el mercado. La oferta directa se hizo a las partes que habían registrado su interés de participar en el plan de adjudicación inicial. El resultado, una pronta liberación del espectro disponible útil para 5G, es sin duda un resultado mucho mejor en comparación con este espectro que permanece sin usar durante la recuperación de covid-19.
“Desde mi óptica, los gobiernos que quieren reducir la brecha digital, incrementar el uso de tecnologías de telecomunicaciones e impulsar la transformación digital están apostando por imponer requisitos de cobertura en lugar de hacer procesos puramente recaudatorios que no siempre son utilizados para fomentar el crecimiento económico del país”, agrega Otero.
El desafío consiste en reemplazar el modelo recaudatorio por otro que incentive a los operadores a invertir en tecnología que asegure la mejora de la conectividad para todo el país en su conjunto y, a partir de ahora, que esa conectividad además ofrezca unas mínimas garantías tanto en zonas urbanas como rurales. Por ello, los reguladores deberían tomarse muy en serio la posibilidad de cambiar su metodología de entrega de activos espectrales porque lo que está en juego no es tan sólo recaudar sumas millonarias para las arcas del estado, sino el bien estar de todos los países, cuyos habitantes y sus negocios necesitan conectividad como quien necesita electricidad o agua corriente.
