Sucedió allá lejos, con los despliegues 2G y, luego, con 3G. También con la masividad de la telefonía y la banda ancha móvil a partir de las redes 4G. El temor es que se repita la misma situación con 5G. Aunque la evolución tecnológica fue clara al pasar de una generación a la otra, lo que permaneció inmutable fue el grado de obstaculización a los despliegues de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente de parte de los municipios, no importa del país de que se trate. Es la razón por la que la puesta en marcha del Movimiento Antene-Se (Antenas, sí), orientado a concientizar sobre la necesidad de facilitar los despliegues de infraestructura para ampliar la conectividad en Brasil, podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros países de la región con las mismas necesidades.
El objetivo de Antene-Se es exponer las dificultades que enfrentan las operadoras de telecomunicaciones a la hora de desplegar nuevas redes. “Porque la conectividad demanda infraestructura” es el eslogan del movimiento que cuenta con el apoyo de las cámaras empresarias del sector de las telecomunicaciones pero también de la Central Única de Favelas (CUFA) pues sus habitantes son los más perjudicados por la falta de conectividad.
“El movimiento nació para intentar modernizar las leyes municipales, muchas de ellas surgieron cerca del 2000 cuando el celular estaba empezando a usarse. Pero las leyes son anacrónicas, están desfasadas, porque apuntan a torres muy grandes. Tiene como objetivo intentar cambiar las leyes de los municipios”, dijo a TeleSemana.com, Luciano Stutz, presidente de la Asociación Brasileña de Infraestructura de Telecomunicaciones (Abrintel), una de las siete entidades empresarias que forman parte de esta iniciativa.
Las discusiones sobre los problemas de despliegue de infraestructura, que arrancan desde que se piden los permisos en los municipios hasta que se busca compartir un poste ya instalado, o aprovechar que se está realizando determinada obra para “subirse” y aprovechar los tendidos de rutas o redes de energía, siempre quedaron reducidos al ámbito de las empresas involucradas y a los gobiernos. Ahora, lo que se busca es poner el tema en la agenda pública, que la sociedad sea partícipe de esta discusión y entienda que, para que pueda tener un acceso a Internet básico y/o para que mejore la calidad del servicio que recibe, deben haber antenas, redes construidas y en construcción. De lo contrario no alcanzará siquiera para poder conectarse mediante un smartphone.
“El objetivo es traer a la sociedad civil a esta discusión porque es la que tiene que hacer las leyes con los legisladores”, agregó Stutz. La expectativa es que los municipios puedan aggiornar sus normas por efecto de la demanda de la sociedad, y que también se puedan impulsar reglamentaciones que faciliten los despliegues. Es la razón por la que, durante la presentación de Antene-se participaron tanto la Anatel como el Ministerio de Comunicaciones de Brasil.
La acción, que se concentrará principalmente en San Pablo por ser la ciudad más grande del país, con 20 millones de habitantes, mostró con cifras las falencias en materia de infraestructura tanto en esta metrópolis como en otros estados brasileños.
Brasil cuenta hoy con 70.000 torres de telecomunicaciones. En la actualidad hay 5.000 pedidos para instalar otras, nuevas, sobre los que se interponen unas 200 leyes distintas para darles el visto bueno final. “Con 5G para cubrir la misma área geográfica se va a necesitar cinco veces más de antenas y elementos radiantes que 4G. El punto es que 5G tiene fecha, julio de 2022 en las capitales de los estados, y para ese momento pensamos por lo menos duplicar la cantidad de torres para poder poner la cantidad de antenas necesarias”, subrayó Stutz.
Esto demandará, a su vez, inversiones por más de 1.100 millones de dólares (6000 millones de reales) para desplegar esa infraestructura sólo en el ciclo inicial. Es decir, que la previsión es que los desembolsos para construir más redes a medida que se vaya adoptando la nueva tecnología podrían ser todavía más significativos. Razón por la que es necesario contar con normas a tono con los nuevos tiempos de la conectividad.
En un contexto de crisis mundial generado por la pandemia, que tiró abajo los PBI de todos los países, no pareciera que ninguno estuviera en condiciones de rechazar semejante promesa de inversión. En 2020, Brasil experimentó la peor caída de su producto bruto en 30 años al retroceder un 4,1 por ciento, de acuerdo a los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). La puesta en marcha de 5G en este país se erige, asimismo, como la locomotora de esta tecnología en la región. De ahí la relevancia de poner esta discusión en la sociedad.
La acción de Antene Se, cuya propuesta puede leerse aquí, es estrictamente comunicacional. Están convencidos que es el único modo de hacer comprender el valor que tiene facilitar los despliegues. Por eso el foco de la comunicación está puesto en la infraestructura de telecomunicaciones. Las dificultades para los despliegues van más allá de las torres pues las operadoras y torreras también tienen problemas a la hora de pasar los cables de fibra óptica, debido a las mismas dificultades que plantean las normas en relación a los derechos de peaje.
“Nuestro objetivo es tener un texto que nos dé la máxima seguridad jurídica en las ciudades”, subrayó Stutz. Al final del día se trata de eso: de tener certeza sobre cómo encarar los despliegues de infraestructura a partir de una sola forma que aplique a los miles de municipios por igual. Por ello, además de Abrintel, forman parte de esta acción Brasscom, la Federación Nacional de Instalación y Mantenimiento de Redes de Infraestructura de Telecomunicaciones (Feninfra), la Asociación Brasileña Online Offline (ABO20), Conexis Brasil Digital, TelComp, y la Confederación Nacional de la Industria (CNI), aunque el grupo está abierto a que otras entidades se sumen para hacer fuerza en la misma dirección.
Como se dijo más arriba, el foco de esta acción, que se extenderá hasta finales de 2021, se concentrará en San Pablo que, además de ser la principal ciudad del país, también muestra una brecha digital creciente.
“Cuando se restringen los despliegues de infraestructura, los bordes sufren más. Y esto lo vimos y lo vemos en pandemia: la conectividad es tan deficiente que ni siquiera pasa la tarjeta de crédito por los terminales. Y no estamos hablando de la Amazonia, estamos hablando de San Pablo. Si no hay conectividad 2G para una maquinita, imagina lo que es seguir una clase virtual”, describió el dirigente de Abrintel.
Es lo que explica que CUFA también forme parte de esta movida. Los millones de brasileños que viven en las favelas son los principales perjudicados por la falta de despliegue. Y hoy la deficiencia se nota en una de las operaciones más básicas que ofrece el mundo móvil, transaccionar a través de un terminal de punto de venta, dispositivo básico en comercios de todo tipo cuyo uso creció, a su vez, por efectos de la pandemia.
Para dar cuenta de la necesidad, otros informes realizados por el movimiento para reflejar la urgente necesidad de despliegue señaló que hay poblaciones en las que operan unos 2.200 usuarios por estación de telefonía móvil cuando lo ideal sería que hubiesen menos de 1.000 usuarios por cada una de ellas. Otra muestra de la necesidad de hacer crecer la infraestructura ya no sólo para alcanzar a los desconectados sino también para mejorar la calidad del servicio de los que acceden a ella para que puedan continuar trabajando.
Esos estudios también mostraron cuáles son los distritos mejor cubiertos y los más sufren la deficiente conectividad de Internet debido a la falta de infraestructura. Farmacias, quioscos, almacenes, pastelerías de las periferias de San Pablo y las favelas son, vale insistir, las que más sufren la falta de disponibilidad de infraestructura que se ve obstaculizada por las normas municipales.
La acción encarada en Brasil, de ser exitosa, será un modelo para seguir en la región. No importa en qué país de América latina se viva: Argentina, Perú, Colombia, México. Las dificultades para concretar despliegues, desde los permisos hasta las habilitaciones pertinentes, son un dolor de cabeza y un gasto burocrático que las operadoras deben enfrentar frente a cada inversión. Pero el advenimiento de 5G y su promesa de impactar positivamente en el entramado productivo a partir de despliegues mucho más intensos obligó, en este caso a Brasil, a poner el tema en la agenda pública. Que sean los usuarios los que comiencen a exigir a sus legisladores la necesidad de contar con normas que faciliten los despliegues, con infraestructura. De lo contrario las brechas digitales no harán más que profundizar las ya dolorosas brechas sociales.
