La pandemia visibilizó aún más que Internet es una necesidad básica para casi todos los órdenes de la vida pero, sobre todo, para garantizar la continuidad pedagógica. En los días y los meses que se acumulan desde inicio de 2020, alumnos y docentes de todos los niveles educativos de Brasil debieron buscar alternativas a la presencialidad y las plataformas de mensajería celular y/o aulas virtuales fueron una respuesta posible para impartir educación, acompañar los crecimientos y ofrecer contención. Pero esa multiplicidad de roles que involucra el proceso educativo no es posible sin conectividad y el entendimiento de esa realidad es la buena noticia de hoy.
Sí, la comunidad educativa de Brasil está de para bienes porque estudiantes y docentes tienen su conectividad a Internet garantizada. Sucede que, aún a pesar de los debates generados y los vetos presidenciales acumulados, este viernes fue sancionada la Ley 14.172/20 que lo posibilita y que asigna 683 millones de dólares (3,5 mil millones de reales) para tal fin.
El monto servirá para la compra de paquetes de Internet y de dispositivos portátiles para docentes de todas las etapas de la educación básica y de aquellos estudiantes inscriptos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), como también los matriculados en escuelas de comunidades de pueblos originarios.
Este subsidio permitirá contratar paquetes de datos para servicios móviles que permitan la realización y seguimiento de actividades no presenciales por parte de los estudiantes, pero también para adquirir terminales portátiles, como teléfonos móviles y tabletas. A su vez, es posible contratar un servicio de Internet fijo hogareño o comunitario, en el caso que sea más ventajoso o ante la ausencia de señales de datos móviles en la región.
Los departamentos de educación de los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán proporcionar a las empresas contratadas los datos personales de los maestros y padres o tutores de los estudiantes beneficiados.
El Gobierno Federal transferirá el dinero a los estados y al Distrito Federal en un plazo de 30 días, para que los recursos se apliquen de manera descentralizada. Según el tercer artículo de la normativa sancionada, “los contratos y adquisiciones realizados en virtud de este artículo caracterizan una iniciativa para utilizar tecnologías de conectividad para promover el desarrollo económico y social, haciendo que sus contratistas sean potencialmente elegibles para recibir los recursos del Fondo de Universalización de Servicios de Telecomunicaciones (Fust)”.
La normativa adelanta, además, que el uso fraudulento será castigado y que los datos deberán ser actualizados por las autoridades; como también que los datos personales no podrán ser vendidos ni compartidos de acuerdo con las normas de la Ley General de Protección de Datos de Carácter Personal (LGPD).
Esta sanción es una indudable buena noticia para toda la comunidad educativa y para el futuro brasilero pero también para legisladoras como Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de calidad; Perpétua Almeida (PCdoB-BA), diputada; y Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), presidenta de la Comisión de Educación, quienes en diversas oportunidades reclamaron por este derecho.
