Una agenda amplia tapada por el árbol de los precios

Muchas iniciativas del gobierno argentino durante el primer cuarto del año han quedado opacadas por la discusión en torno a los precios de los servicios de Internet, cable y telefonía, regulados por el gobierno desde agosto de 2020 y congelados desde marzo. Los precios fijos en un contexto de alta inflación condicionan decisiones de inversión y afectan planes futuros.

Si bien desde enero se permitieron  aumentos en los costos mensuales de algunos servicios, esto se hizo sin criterios objetivos conocidos de antemano. El ENACOM prometió establecer una fórmula y dar periodicidad a los ajustes, lo que daría previsibilidad. La propuesta está siendo aún estudiada por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al cierre de esta edición la justicia dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la normativa que había congelado y regulado los precios de los servicios de telecomunicaciones. Si bien la medida beneficia inicialmente solo a Telecom se espera que impacte en todo el mercado. Al mismo tiempo, en segundo plano, muchas otras iniciativas siguen avanzando.

Algunos avances
En febrero concluyó la consulta sobre Wi-Fi 6E, que propone asignar espectro en la banda de 6 GHz y así alcanzar velocidades inalámbricas más rápidas y latencias más bajas en el uso de Wi-Fi. Se espera en las próximas semanas una decisión por parte de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Subsetic), que siguiendo la tendencia regional debería habilitar el uso adicional de espectro.

A la vez, el ENACOM trabaja en un nuevo reglamento de gestión del espectro, mientras la Subsetic promete para este semestre un plan plurianual de espectro que incluya un road map para 5G, un punto en el que Argentina muestra retrasos respecto de otros países de la región.

Nube, ciberseguridad e IoT
Comenzaron las reuniones de trabajo del Comité Nacional de Ciberseguridad, por ahora con participación solo de organismos públicos. Aún no se publicó el documento sobre estrategia y política nacional de ciberseguridad prometido en diciembre, y hay dudas respecto de en qué momento se pueda incorporar la industria a la conversación, algo que sería importante para alcanzar políticas públicas de calidad.

También se desarrolló una consulta pública sobre la migración a la “nube” del sector público, utilizando como primera opción el data center de la empresa estatal ARSAT. Sobre esto, será importante ver qué lugar se le terminará asignando a proveedores privados en el marco final de contrataciones.

Se conformó también una Mesa Nacional de IoT con el objeto de articular iniciativas público-privadas en la materia.

Privacidad
Sigue vacante el cargo de Director Nacional de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la autoridad nacional de protección de datos personales. Gustavo Fuertes, el candidato gubernamental recibió múltiples críticas de organizaciones de la sociedad civil por no ser un especialista en la materia y por su cercanía con el oficialismo.

Mientras tanto avanza la adhesión a la Convención de Budapest ampliada y espera su tratamiento la nueva ley de protección de datos personales. El avance de estas propuestas supondría un movimiento de Argentina hacia estándares más elevados de protección de datos, que podrían tener consecuencias en otros países de la región. Sin embargo, hay que notar que la sanción de leyes significativas es poco probable en un año electoral.

Apoyo internacional
El gobierno negoció diversos préstamos de organismos multilaterales para conectividad y desarrollo de la economía digital. La CAF comprometió 250 millones de dólares para el satélite ARSAT SG1 para dar conectividad en banda Ka y otros 100 millones de dólares para conectividad y fab labs en la provincia de Santa Fe. El Banco Mundial aportaría 80 millones de dólares para digitalización de gobierno y el BID negocia 100 millones de dólares para la Red Federal de Fibra Optica de ARSAT. En un contexto de enormes limitaciones fiscales, estos préstamos dan aire a las políticas TIC del país.

Perspectivas para el resto del año
El año pasado, debido a la recesión, devaluación, inflación y congelamiento de precios, hubo una significativa caída de inversión privada en conectividad. La inversión pública lejos está de compensar la caída. El 5G mientras tanto se demora en comparación a otros países de la región.

Es posible ver este año avances en todas las áreas presentadas. Dependerá de que las autoridades  puedan salir de las dicusiones sobre precios de servicios, que han tensionado y limitado la discusión de la política pública en estos primeros cuatro meses de 2021.

Héctor Huici tiene más de 30 años de experiencia en el sector de las TIC, trabajando principalmente con el gobierno argentino. Ha ocupado cargos de alto nivel, incluido el de Secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Argentina, donde fue responsable de definir la política de telecomunicaciones para el Gobierno y lideró el equipo regulatorio que revisó y actualizó las regulaciones de TIC y una propuesta de hoja de ruta del espectro a 10 años. También formó parte de la Comisión encargada de redactar la Ley de Comunicaciones de Convergencia. Como representante del Gobierno Nacional en la UIT y orador habitual en foros internacionales, Huici ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las mejores prácticas regulatorias a nivel mundial.

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