La infraestructura regional es un factor “clave” para el desarrollo sostenible de América Latina y lo es, sobre todo, en un escenario en el que la pandemia por covid-19 lo puso todo a prueba y que concluyó por evidenciar que la digitalización es un tema “transversal” de las sociedades modernas.
Ésta es la premisa principal a la que arribó “El impacto de la digitalización para reducir brechas y mejorar los servicios de infraestructura”, informe de la Infraestructura en el desarrollo de América Latina (IDEAL), realizado por el CAF Banco de Desarrollo de América Latina -descargable aquí- y en el que advierte que este factor transversal “no solo contribuye al crecimiento de la economía y la competitividad de las empresas, la integración del espacio nacional y regional y la diversificación del tejido productivo, sino que también ayuda a impulsar la inclusión social y la protección del medio ambiente, mejorando así la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.
El reporte recala en el impacto económico que la pandemia realizó en la región, al que valora como “fuerte” y cuyas propias proyecciones apuntan a una caída del PIB regional de 8,7 puntos en el año 2020 (frente a una caída de 3,9 puntos a nivel mundial, según el consenso de Bloomberg) pero que también significó una mortalidad por covid-19 de 470 casos por millón de habitantes en la región hasta septiembre de 2020, frente a los 114 a nivel mundial, motorizados por los altos niveles de contagios y decesos registrados en Brasil, México y Perú.
“El impacto del COVID-19 ha acelerado la digitalización de los servicios de infraestructura, por lo que es interesante revisar las adaptaciones por las que han pasado los sectores frente a los desafíos enfrentados” sostiene al tiempo que recuerda que fue en pandemia cuando la Cepal registró que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México el tráfico de datos en sitios web y el uso de aplicaciones aumentó por encima del 300 en lo relacionado al teletrabajo, al 150 por ciento por el comercio electrónico y al 60 por ciento para la educación en línea, entre el primer y el tercer trimestre de 2020.
Y, si bien el reporte se refiere a todos los tipos de infraestructura necesarias en una sociedad, como los de agua y sanitarios, al recalar en los de las comunicaciones valora que “la 5G es diferente de sus antecesoras en que el nuevo modo de irradiación por haz de esta tecnología requiere de una red de nodos mucho más densa. Otra característica de esta red es el denominado dúplex completo, destinado a resolver el problema de las señales que transmiten datos en una sola dirección a la vez” porque “proporciona un tráfico más eficiente y garantizando baja latencia”.
En este sentido, subraya la importancia del desarrollo de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y advierte que, dado el volumen de tráfico esperado, estas redes demandarán de un respaldo de fibra óptica “mayor que el de una red 4G” y que “es probable que los países con una infraestructura de fibra menos desarrollada encuentren restricciones al desarrollo de 5G por esta razón”.
Asimismo, el trabajo observa los costos de conectividad regional y subraya que, según su propio relevamiento, el abono mensual de banda ancha móvil representa el 4,6 por ciento del valor mensual del ingreso nacional bruto (INB) per cápita en América Latina, comparado con el 0,8 por ciento en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “La región latinoamericana tiene costos elevados con relación a la media mundial, pero muy superiores al resto cuando se compara la población vulnerable”, advierte.
Según se desprende del trabajo del CAF, pero también se percibe de la observación retrospectiva, la tendencia hacia la digitalización, en realidad, acredita dos décadas y está impulsada sobre la base de las evoluciones tecnológicas en forma complementaria a otros avances, vinculados a la sostenibilidad ambiental, los procesos de descentralización en la producción de ciertos servicios de infraestructura y el crecimiento poblacional en las ciudades.
El reporte hace foco en dos sectores, el de transporte de personas y el eléctrico, para desarrollar cómo la transformación digital se vislumbra en el avance de redes inteligentes y en las nuevas modalidades de pago; al tiempo que hace observaciones para aportar a las regulaciones mediante el rediseño de mercados y esquemas tarifarios, políticas sociales compensatorias y de promoción de la inversión en infraestructura inteligente para “afrontar tanto las brechas de servicio como los efectos que pueden tener los avances tecnológicos”.
“Los sistemas de información desarrollados en los sectores de infraestructura tienen que garantizar un espacio seguro para la provisión de los servicios, lo que puede requerir importantes inversiones en ciberseguridad” sostiene, al tiempo que advierte sobre los desafíos regulatorios para achicar la brecha digital, además de “la necesidad de interacción entre el sector público y el privado (propietario de gran parte de lo que constituye el Internet)”.
Las casi 150 páginas del informe de este organismo multilateral sirven como punto de partida y plataforma para la reflexión acerca de las apuestas que hay por delante en un mundo cada vez más interconectado, en el que los cambios tecnológicos “tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura”.
“Por ello, es necesario que gobiernos y sector privado de América Latina implementen intervenciones para una rápida adaptación y un aprovechamiento de los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías y reducir brechas de servicios existentes”, subraya.
