El interrogante es la única certeza que, al día de hoy, anida el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Panaut) de México. Sus detractores y defensores mantienen intactas sus posturas y, aunque se desconoce cuál será su suerte, nadie pierde la oportunidad para recordar de qué lado del padrón se encuentra.
Sin ir más lejos, fue tema de debate este miércoles, realizado en el marco de la séptima sesión ordinaria de Consejeros Honorarios de México en el que, su presidente, Salvador Guerrero, lo calificó como “una estrategia para combatir la extorsión”, y a quien se le sumó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de México, para valorarlo como “fundamental para combatir el delito”.
Si bien la creación de este padrón fue sancionada por el Ejecutivo, una ola de cuestionamientos llevaron a judicializarlo y a suspender todo su proceso de formación. Su lema fue armar una base de información de los usuarios celulares personales bien detallada, que incluyera el nombre completo con número de documentación y domicilio, pasando por el tipo de servicio contratado y a qué compañía celular, y hasta incluyendo los datos biométricos con la obligatoriedad de registrarlos o perder la línea celular. Todo, como una estrategia para combatir la inseguridad.
Pero los recientes ataques sufridos a la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), tras observar que la información electoral de 91 millones de mexicanos está a la venta en Internet, o el que lamentó la Lotería Nacional, fueron dos ejemplos de la vulnerabilidad de la red y de argumentos de los detractores.
El rechazo de muchas voluntades llegó a la Justicia. Entre ellos, el formulado por la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D), quienes advirtieron que la creación de una base de datos de estas características pondría en riesgo a los ciudadanos y al derecho de salvaguardar sus datos.
Sin embargo, para Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) de México, “en la Corte hay amparos que afortunadamente, la inmensa mayoría, fueron desechados”.
Mejía Berdeja, por su parte, aprovechó la ocasión de la realización del Primer Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Seguridad, para insistir en la importancia de crear el Panaut y lo hizo ante funcionarios de diverso porte.
A su entender, el Panaut sufrió “un ataque brutal porque hay muchos intereses económicos detrás de esta industria, pero hoy tenemos un hueco en la seguridad pública y nacional del país en el espectro radioeléctrico, donde hay millones de teléfonos que no sabemos quiénes los adquieren, quiénes los utilizan y desde ahí se cometen extorsiones, secuestros o es el engranaje de comunicación de los grupos criminales en el territorio, sobre todo el sistema de telefonía celular”.
“Quien ande bien no va a tener ningún problema, pero aquel delincuente que se escuda en estos sistemas, evidentemente no va a poder operar con impunidad como lo hace”, sostuvo Mejía Berdeja erigiendo uno de los argumentos que cimentaron la iniciativa: combatir la inseguridad.
En abril, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones había otorgado la primera medida cautelar provisional contra el Panaut por “no advertir relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”.
Un reclamo judicial que también formularon el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en este caso, porque recaía en sus hombros la obligatoriedad de instalar, operar, regular y mantener al mismísimo Panaut. E, inclusive, miles de usuarios celulares que no quieren participar de ese padrón.
