Las discusiones sobre la importancia de garantizar la conectividad escolar en Brasil no se detuvieron aún a pesar de los desencuentros que las diversas iniciativas presentadas encontraron. Y esta semana, además de conocerse el proyecto que busca apuntalar la conectividad de los alumnos provenientes de los sectores más vulnerables, el gobierno emitió una medida provisional (MP), que garantiza la transferencia de 683 millones de dólares (3.500 millones de reales) para financiar el acceso a Internet de estudiantes y docentes del sistema educativo público.
Se trata de la MP 1.060, que modifica la Ley 14.172-21, y avanza en el tan deseado fin de conectar a los estudiantes a Internet. La nueva letra establece que los recursos se asignen de manera descentralizada y que se adapten a la matrícula, al tiempo que modifica la procedencia del financiamiento: ahora formará parte del presupuesto fiscal y no del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust), como originalmente se preveía.
A su vez, resta conocer la letra de una nueva ley que determinará el procedimiento adecuado para la transferencia de fondos y de rendición de cuentas.
Cabe recordar que esta propuesta legislativa había sido aprobada por el Congreso pero vetada por el presidente Jair Bolsonaro por considerar que violaba dos normativas: la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Directrices Presupuestarias para 2021. Pero el Congreso anuló ese veto en junio y obligó al gobierno a emitir esta nueva medida provisional y facilitar a vehiculización de esta iniciativa.
Con todo, los recursos que debieron ser transferidos a las entidades de la federación el 10 de julio y que fueron frenados en una primera instancia, debían estarlo el 5 de agosto, fecha en que se conoció que cambia el mecanismo de financiación pero el fomento para garantizar la conectividad de las y los estudiantes de las escuelas públicas de Brasil sigue en pie, da un paso al frente… y hace click.
