¿Es posible imaginar una medida cautelar contra una ley nacida para garantizar la conectividad en las escuelas? Sí, y esa es la noticia de hoy en Brasil luego que el Tribunal Supremo Federal (STF) extendiera por 25 días el plazo para que docentes y estudiantes del sistema público de educación básica cuenten con conectividad.
La decisión lleva la firma de Luiz Fux, presidente STF, y se dio a conocer a un día antes de que se cumpliera el mes de sancionada la ley 14.172/2021 que asigna 683 millones de dólares (3,5 mil millones de reales) para tal fin; aunque también se divulgó esta novedad a un año y medio de iniciada una pandemia feroz, que sólo profundizó las brechas digitales, por expresar sólo una dimensión de todas la afectaciones que una enfermedad de escala planetaria puede imprimir en todos los órdenes de la vida de todas las poblaciones.
Y lo cierto es que se trata del segundo revés legal que la iniciativa que llevaría conectividad a las escuelas públicas de Brasil recibe por parte de su propio presidente, Jair Bolsonaro; en cuya primera ocasión había vetado la propuesta en su totalidad, luego revocada en junio por el Congreso; y que, esta vez, alcanzó a la declaración de inconstitucionalidad.
Esta cruzada resultó en la suspensión de las transferencias hasta que se “logren” los requisitos presupuestarios y financieros porque, según subrayó la Fiscalía General de Brasil (AGU, por sus siglas en portugués), el cumplimiento de la obligación dentro de los 30 días previstos “tendría” serias repercusiones presupuestarias que ocasionarían un daño directo a otras acciones gubernamentales para enfrentar la crisis del covid-19.
Así, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta con solicitud de amparo judicial, frenó los recursos que debieron ser transferidos a las entidades de la federación el 10 de julio y que, de momento, estarían disponibles el 5 de agosto.
“Y si no fuera por un gobierno que odia nuestra educación, hoy se empezaría a distribuir el recurso de la Ley de Conectividad. Pero lograron posponerlo. Cada día sin Internet aumenta la posibilidad de que el estudiante abandone la escuela. #ConectividadSí #NiUnAlumnoAtrás”, publicó Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de calidad en su cuenta de la red social Twitter.
“Por el momento, en el ámbito del deber judicial, con el fin de prevenir la pérdida del derecho invocado, así como para permitir a la Unión continuar con las medidas constitucionales y legales necesarias para cumplir con la obligación establecida”, dice la orden de la STF para argumentar la prórroga de 25 días.
Todos los días se aprende algo. Esta vez, es el turno del alumnado de escuelas públicas brasileras reforzar su conocimiento acerca de la espera pues restan 25 días para empezar a aprender por y con Internet. Y quien dice 25, dice … ¿Cuántos más?
