La emergencia sanitaria demandó que Brasil cerrara casi la totalidad de los centros educativos a lo largo de toda la pandemia y sólo algunas semanas autorizó el regreso a clases de algunos niveles, aunque la medida no prosperó en el tiempo. Inclusive, por estos días se retoma la flexibilización de cierta movilidad social y la presencialidad educativa, pero la reaparición de brotes lo ponen todo en duda. En este contexto, la conectividad escolar sigue siendo un tema de debate, difícil de resolver.
¿Y las escuelas, la comunidad educativa y la continuidad pedagógica remota? “Tenemos alrededor de 100 millones de reales (19.2 millones de dólares) para conectar a 14 millones de estudiantes sin acceso a la red”, estimó Fabio Faria, ministro de Comunicaciones de aquel país, de cara a financiar una iniciativa de contención a la población vulnerable en edad educativa. Se trata de “ayuda de Internet”, tal la tarea que la cartera prepara, junto al Ministerio de Educación, para asistir a los estudiantes provenientes de familias que tienen bajos ingresos.
Este anuncio se dio en el marco de una audiencia remota del Senado, realizada a comienzos de esta semana y promovida por la Comisión Temporal del Covid-19; ámbito en que los parlamentarios reclamaron a Faria por la necesidad de avanzar en la conectividad escolar, dado que muchos estudiantes siguen sin poder asistir de forma presencial a los establecimientos educativos, y necesitan –al igual que los parlamentarios– dar continuidad a sus labores de la mano de Internet.
Los datos lo dicen todo: Brasil cuenta con el triste hito de haber sido el primer país de la región en registrar un caso de covid-19, en febrero de 2020 y, al día de hoy, de ostentar el mayor número de contagios (19,9 millones de casos) y de muertes (558.432) en la región; e inclusive, en las comparaciones globales sus indicadores sólo se ven superados por los totalizados por Estados Unidos, con 612.800 decesos. Y aunque es fácil imaginar que la urgencia es la pandemia, también es sabido que el país no se detuvo por ella, como tampoco lo hicieron las telecomunicaciones que aspiran a ver publicada – según la promesa oficial- la subasta de espectro para 5G “mais grande do mundo”.
En ese debate parlamentario, Faria se cruzó en discusión con los senadores, tal como reflejó Teletime, por ejemplo, porque el ministro recordó que la banda ancha llega al 85 por ciento de las escuelas del país, un dato que la senadora Kátia Abreu (PP / TO) puso en duda.
Para Abreu, el mapa que plantean los operadores de telecomunicaciones es “muy diferente del mapa real” e instó a Faria a hacer una auditoría, un relevamiento que refleje una realidad en la que una mayoría carece de conectividad.
En respuesta, Faria recordó que esa es potestad de otra entidad: “Anatel es quien puede llamar a los operadores, aplicar multas y fijar plazos para que puedan llevar Internet al resto de localidades. No pasaremos las manos por la cabeza de nadie”.
A su vez, el funcionario también repasó la responsabilidad que tienen los proveedores regionales de conectar a las ciudades más pequeñas, quienes carecen del poder y la obligatoriedad de cumplir con los objetivos de universalización.
De cualquier modo, se trata de una discusión que acredita mucho recorrido y que hasta ameritó medidas cautelares. Con todo, hoy -aún- falta acceso.
