Comenzó a correr agosto y, con él, los tiempos finales para la licitación de 5G. El Tribunal de Cuentas (TCU) completó el informe técnico que contiene una buena cantidad de observaciones sobre el pliego elaborado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que, en general, cuestiona varios aspectos económicos del texto elaborado por el regulador respecto al valor y los ingresos que podrían generar las distintas frecuencias involucradas en el proceso. Se trata de un desfasaje general de más de 4.000 millones de dólares, tanto por sobrevaloración de algunos aspectos como por subestimación de otros.
Pero también aborda cuestiones como las obligaciones que deberían explicitarse en algunos casos, las carencias de exigencias en otros, y los cálculos realizados que, en su mirada, tienden a superponer costos innecesarios. ¿Llegarán a resolverse estas diferencias para que el camino hacia 5G termine de destrabarse en este país? ¿Podrá Brasil encauzar la licitación 5G en este año, “la mais grande do mundo”, teniendo en cuenta las observaciones, algunas de tono muy duro, efectuadas por el TCU?
En un extenso documento, de 270 páginas, se plantearon cuestionamientos sobre la frecuencia de 3.5 GHz, las redes privadas de la de la administración pública y del programa Amazonia, los precios de las frecuencias de 700 Mhz y de 26 GHz, la conectividad escolar y la limpieza de bandas, entre otros aspectos.
Ese informe está en la mesa del ministro Raimundo Carreiro y sus ministros quienes tienen la voz final sobre este trabajo. Las observaciones realizadas, dadas a conocer por los dos medios especializados de Brasil, TeleTime y TeleSíntese, están desarrolladas de manera puntillosa en un documento que puede descargarse desde aquí.
Sobre la Red Privada de la Administración Pública Federal y la Red Infovía del Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS) se incluyeron análisis de la Secretaría de Infraestructura Hídrica, de Comunicaciones y Minería (SeinfraCOM) que propuso quitar de la licitación la construcción de estas redes por violar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).
Respecto de la frecuencia de 3,5 GHz se cuestionaron los compromisos establecidos tanto para los lotes nacionales como los regionales. El informe rechaza el modelo propuesto de cobertura que considera que, aunque hay que darla a todos los municipios, sólo el 60 por ciento es económicamente atractivo para desplegar estas redes. El TCU advirtió que es contradictorio esperar un determinado retorno económico de 5G sobre 3,5 GHz y que, por ende, el modelo resulta distorsivo.
También objetó que la Anatel exigiera la misma obligación de servicios aún en los municipios económicamente inviables sin distribuirla entre los operadores. Señaló que esto podría generar inversiones redundantes por casi 2.600 millones de dólares (13.500 millones de reales) que impactarían en los recursos federales.
Inclusive, se observó la ampliación del alcance de los compromisos relacionados con los lotes regionales, que no están incluidas en el texto y que el TCU estimó en unos 768 millones de dólares (4.000 millones de reales) para la migración. Le señaló, a su vez, que el número de sitios a establecer fijado por la Anatel es hasta ocho veces mayor de lo necesario en algunos casos… y solicitó un recuento.
Con la frecuencia de 26 GHz, por su parte, los cuestionamientos fueron en sentido inverso. Volvió a señalar debilidades en la metodología para calcular el valor de esta banda que representa en una subestimación de al menos 422 millones de dólares (2.120 millones de reales). Y subrayó que ese desfasaje se debió al uso de distintas tasas de conversión hasta desajustes de las comparativas internacionales a las que se recurrió, lo que se tradujo en la falta de una valoración justa del activo que se ofrece.
“Así, existen riesgos de que la oferta de estos lotes al valor tasado por Anatel resulte en una ventaja económica indebida para los adquirentes de frecuencias, en detrimento del Gobierno Federal, lo que constituiría un perjuicio a la tesorería”, expresó el dictamen.
Esta distorsión, en verdad, aplica a todas las bandas involucradas en el proceso: 700 MHz, 2,3 GHz y 3,5 GHz. El informe técnico del TCU detectó que la falta de previsión de ingresos con una posible transferencia de derecho de uso representa un problema para fijar los precios de las tres bandas.
“Esto genera un riesgo de distorsión de precios al no considerar la posibilidad de una comercialización parcial de la banda, lo que, según la propia agencia, incrementaría el valor de las radiofrecuencias y debería reflejarse en los precios de las subastas de radiofrecuencia”, afirmó el TCU. Advirtió que esto desmotivaría las inversiones necesarias, razón por la que recomendó hacer un seguimiento continuo de parte de la agencia.
La conectividad escolar, que tantas idas y venidas ha tenido en este tiempo de pandemia, también tuvo su espacio en el informe técnico del TCU que cuestionó que no se hayan fijado compromisos a quienes ganen la licitación para conectar expresamente a las escuelas. Recomendó, por ello, que se incluyan obligaciones de conectividad en las escuelas y en instituciones de educación básica.
Otra observación se vinculó con los costos de migrar la banda C a las antenas parabólicas de la banda Ku. El TCU también consideró que hay debilidades en el modelo, como no considerar la reducción de la cantidad de usuarios que consumen televisión (TVRO) y la economía de escala a tener en cuenta a partir de la compra de 9 millones de kits para esa migración. Acá, la sobrevaloración del proyecto se estimó en unos 384 millones de dólares (2.000 millones de reales).
En otra parte, el reporte pidió la exclusión de un artículo que permite otorgar, sin licitación ni convocatoria pública, lotes que no reciban ofertas durante la subasta 5G. La calificó como ilegal y no respaldada por la LGT.
Queda claro que le llevará un tiempo a la Anatel tomar nota de las observaciones y expresar sus puntos sobre estas consideraciones del TCU. Pero el reloj corre y el Gobierno ha prometido que este proceso se pondrá en marcha en el tiempo previsto, aunque a primera vista parece difícil. Con una subasta que promete que recaudará al menos 8.900 millones de dólares y observaciones que alcanza casi la mitad de ese monto, no pareciera que el tema pueda resolverse así nomás.
¿Será 2021 el año de 5G en Brasil finalmente? Está claro que los gobiernos necesitan impulsarlo para movilizar inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Pero también que las operadoras de la industria no se mueren por desplegar estas redes en América latina. Mientras tanto, habrá que seguir mirando el proceso de cerca. Las promesas siempre tardan en cumplirse.
