Es difícil pensar en el Caribe sin zambullirse mentalmente en sus aguas cristalinas o de sentirse inmediatamente abrazado por esa calidez de sol pleno que exhiben las típicas fotos de sus playas de arenas blancas. Pero en ese escenario paradisíaco y distensión, también se erigen profundas discusiones y se establecen nuevos parámetros para la vida en sociedad digital. Un buen ejemplo lo da el nuevo marco normativo de Cuba o la visualización de la brecha digital que se detectó entre la población adolescente de República Dominicana.
Las noticias de Cuba, por ejemplo, se concentran en la reciente sanción de un nuevo decreto-ley con el que busca hacer un ordenamiento regulatorio del espectro local y establecer una política de telecomunicaciones propia; no sin abrir la puerta a nuevas polémicas.
Se trata del Decreto-Ley 35/21, una norma jurídica sin precedente en la isla por tener carácter transversal a otros ámbitos de la sociedad, dado que involucra instrumentos jurídicos complementarios, como es el decreto 42/21, que aprueba al Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación; el decreto 43/21 con el que reglamenta el uso del espectro; la resolución 105, que establece el “Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”; la resolución 107, para reglar el uso de los servicios de radiocomunicaciones por satélites; y la resolución 108, para la “interconexión, acceso e instalaciones esenciales de redes de telecomunicaciones”.
A grandes rasgos, y al momento de explicarlo al medio local Granma, Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones, valoró a esta nueva norma como “de alto rango” por establecer los deberes y los derechos de los operadores, de los proveedores de servicios y de los usuarios, entre otros criterios.
Se trata de una normativa que aspira a ordenar el escenario regulatorio que, hasta el momento, se regía por tres decretos-leyes y ocho decretos, “pero que no abarcaban de forma general las telecomunicaciones/TIC y el uso del espectro radioeléctrico”, dijo a Granma Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), y admitió que para erigirla consultaron las letras vigentes en Bolivia, España, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Venezuela.
Entre las nociones que incorpora este nuevo esquema reglamentario se encuentran medidas vinculadas al servicio de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico en general pero también en relación a la seguridad y la defensa nacional.
“Por primera vez el país contará con una norma jurídica en la que se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico”, señaló Pablo Domínguez, director de Ciberseguridad del Mincom, citado por el portal oficial de noticias Cubadebate.
Según la letra oficial, esta normativa garantiza el desarrollo y la convergencia tecnológica y prioriza la implementación de redes de banda ancha, al tiempo que defiende los intereses de los ciudadanos y asegura el acceso a los servicios y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones.
Otro de los aspectos destacados es la definición del Servicio Universal de Telecomunicaciones (SUT) al señalar al derecho del usuario/consumidor final en el centro, y recuerda que tener conectividad es un derecho aún a pesar de la localización geográfica.
Pero para voces como la de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América, la novedad no fue positiva y advirtió desde su cuenta en la red social Twitter que el país “restringe aún más” el acceso a Internet al dictar normas que permiten “interrumpir el servicio cuando se publique información que el gobierno considere falsa”.
“Cuba informatiza a pesar de la política de bloqueo de Estados Unidos”, destacó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter en relación a los más de siete millones de usuarios en Internet y más de seis millones de usuarios activos en redes sociales, y alimentó ese debate histórico y que data del posicionamiento político de la isla.
En otras playas caribeñas, igual de paradisíacas pero con otra impronta y con un reordenamiento normativo en marcha e, inclusive, una apuesta en telecomunicaciones muy activa, República Dominicana dio a conocer una brecha digital profunda entre un segmento social prioritario: sólo uno de cada cinco adolescentes tiene acceso a Internet a disposición.
Los datos surgieron del relevamiento Kids Online, presentado en las últimas horas entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en el que se examinó a las experiencias de uso, de riesgos y de seguridad en línea de los niños, las niñas y los adolescentes, de 11 a 17 años, y que es la primera vez que se realiza en el país.
El descubrimiento de esos indicadores fue el motivo por el que Rosa Elcarte, representante de Unicef en ese país, explicara la gravedad del caso: “Cuando hay desigualdades en el acceso a Internet, los niños que no acceden no solo limitan su experiencia digital, sino que sufren la violación de sus derechos”.
“Que la mitad de los adolescentes acceda únicamente a Internet a través del celular implica una gran limitación de las posibilidades de desarrollo personal, en términos del tipo de actividades que hacen, de acceso a los contenidos y experiencias digitales”, agregó Elcarte y profundizó que esta desigualdad se acentúa según el nivel socioeconómico de procedencia, que asciende al 70 por ciento de los adolescentes de los segmentos más bajos y al 30 por ciento en los niveles medios y altos.
“Gracias a esta iniciativa, el Gobierno dominicano cuenta con las evidencias y el conocimiento necesario sobre los niños y adolescentes que todavía no tienen acceso a Internet, con el objetivo de garantizar de manera universal su derecho a la inclusión digital,” manifestó el presidente de Indotel, Nelson Arroyo.
Un paneo por otros de los resultados de este relevamiento indica que solo cuatro de cada diez adolescentes provenientes de familias de bajos recursos pudo realizar videollamadas con fines educativos durante la pandemia de covid-19, mientras que todos los consultados admitieron haber tenido algún contacto virtual con el sistema educativo para garantizar la continuidad de su proceso pedagógico.
Otro dato relevante señala que, al momento de conectarse con fines de entretenimiento, los varones eligen Internet para jugar en red y las mujeres para acceder a las redes sociales; que ambos consideran por igual que sus mayores inmediatos no tienen gran conocimiento sobre la herramienta. “El hecho de que hayan nacido rodeados de tecnología no significa que sepan cómo defenderse ante los riesgos que pueden ocurrir en Internet”, advirtió la funcionaria de Unicef e instó a acompañar a los más chicos en el desarrollo de un desenvolvimiento seguro digital.
Asimismo, el estudio sirvió como plataforma para recomendarle al Gobierno a democratizar el acceso a los dispositivos tecnológicos y regular la gobernanza de Internet de cara a garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez.
