Brasil avanza hacia 5G tras semanas de discusiones, debates y cruces de todo tipo. Sucede que el pleno del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) aprobó el pliego de condiciones para licitar el espectro para 5G, diseñado por Anatel. Y lo hizo sin hacer muchos cambios y estableciendo 11 recomendaciones que, según advierten los medios locales, podrían impactar en el precio final de la subasta. Y lo que también empieza a clarificarse es el rol que tendrá la conectividad escolar en esta mega licitación: es una sugerencia. Con todo, en los próximos días, el Ministerio de Comunicaciones (MCom) tendría ultimado el aviso con los ajustes del caso, una versión avanzada que deberá hacer una parada ante la Junta Directiva de la Antel antes de ser publicada.
La minuta de la aprobación también dejó el comentario que hizo el ministro Aroldo Cedraz quien propuso pensar en sumar 1.911 millones de dólares (100.000 millones de reales) al precio mínimo total de las frecuencias y, aunque fue rechazado por siete votos contra uno, tuvo su reconocimiento.
La subasta por 5G implicaría, en principio, 8.714 millones de dólares (45.600 millones de reales) para los cuatro rangos previstos, repartidos entre los 1.662 millones de dólares (8.700 millones de reales) de donaciones y los 7.071 millones de dólares (37.000 millones de reales) de inversión. En ese esquema, la banda de 26 GHz no tendría obligaciones y la Unión recaudaría la cantidad total. Sin embargo, la expectativa es que las recomendaciones que hizo el TCU impacten, luego, sobre el monto final, elevándolo.
Este razonamiento está fundado, según publicaron medios locales como Teletime y Telesíntese, en la idea de que el TCU quiere evitar sobredimensionar diversos montos indicados en la letra, como es el caso de las obligaciones, pero también advierte que puede que falten recursos para el despliegue de las estaciones base (ERB).
Según Cedraz, además, se estiman plazos más cortos que los indicados por los propios proveedores, que también contribuyeron al incremento del valor de las frecuencias. Inclusive, propuso quitar de la subasta a una parte de la banda de 26 GHz, “ya que todavía no hay una idea exacta de qué se puede hacer con ella”.
Entre los puntos positivos, que se valoraron en especial, se destacan el mantenimiento por parte de TCU de la subasta con formato de no cobranza y la anulación de la obligatoriedad de notificar la necesidad de transferir espectro para uso secundario en aquellas áreas donde no lo están utilizando.
A su vez, el debate sobre la conectividad escolar consiguió hacerse un lugar en el universo de decisiones del TCU. Sin embargo, no consiguió convertirse en una letra específica que entable compromisos para dotar de conectividad en las escuelas públicas de educación básica.
Según publicaron los medios locales, Raimundo Carreiro, ministro del TCU, transformó en recomendación lo que había sido originalmente un pedido de compromiso concreto, y lo hizo a partir del pedido de sus pares. Y, en ese mismo marco, el ministro leyó un comunicado enviado por el propio Fabio Faria, ministro de Comunicaciones, en el que se comprometió a aceptar la “recomendación como determinación” e implementar la política pública a través del ministerio.
A su vez, el Tribunal también advirtió a Anatel acerca de la importancia de “tomar conciencia” sobre “posibles inseguridades legales”, principalmente en la red privada del gobierno y PAIS.
Por estos días también hay una comitiva de proveedores regionales interesados en participar en la subasta, que gestionó acercamientos con la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, ante la posibilidad que aquel país participe mediante el establecimiento de alianzas de ciberseguridad y Open RAN. Y los medios locales hablan del “interés particular” de alcanzar acuerdos con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), para que los proyectos de infraestructura cuenten con fomento financiero.
