Gobernanza de la IA en América Latina: la Cepal advierte que regular sin infraestructura ni promover el talento profundizará las brechas

En un reciente informe, el organismo sostiene que el control normativo resulta insuficiente si no se construye primero un ecosistema regional inclusivo en la región

El avance de la inteligencia artificial (IA) requiere de gobernanza, pero también de aunar esfuerzos que, a su vez, sean graduales. Esa fue la conclusión y propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tendiente a que los países de la región apuesten por la innovación tecnológica como parte de su matriz productiva. Lo hizo mediante un reporte en el que también definió siete líneas de acción y donde la infraestructura digital, la formación de talento y la capacidad institucional resultan condiciones previas y excluyentes para aplicar marcos regulatorios complejos.

La heterogeneidad es una característica latinoamericana y esto no excede a la innovación tecnológica, tal como lo refleja el informe titulado “El estado de la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Análisis integral de los fundamentos conceptuales, los marcos internacionales y los perfiles nacionales de gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe”; recientemente publicado por esta comisión regional intergubernamental.

Este trabajo parte de la definición de que la IA es una tecnología de propósito general con efectos estructurales en la economía, las instituciones y la democracia; que pasó de ser un debate técnico a una prioridad estratégica global y que esto supone un desafío para las naciones y para toda pretensión regulatoria. Por eso, también, propone pensar en una gobernanza que vaya más allá de la letra.

Imagen creada con IA

Plantea una visión que supera el control estatal o el de una normativa aislada, para pensar en un modelo de gobernanza en el que se gestionen riesgos y se establezcan salvaguardas, pero también se construya un ecosistema propicio, inclusivo y sostenible (con infraestructura, talento, financiamiento, incentivos y coordinación multisectorial) con alcances regionales.

El reporte toma como punto del partida el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), (cuya edición 2026 acaba de publicarse); para explicar que el desarrollo de estas variables condicionantes son vitales para el desarrollo regional, pero también desafíos por resolver en muchas de estas latitudes.

Y recuerda la estimación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el cual la IA podría aportar 0,5 por ciento anual al crecimiento global entre 2025 y 2030; aunque también existan proyecciones sobre la afectación de hasta 300 millones de empleos hasta el fin de la década, en una lectura en la que se pondera que la capacidad para aprovechar la tecnología dependerá tanto de la conectividad y del cómputo como de la capacidad que tengan las instituciones para gestionar sus riesgos y establecer políticas públicas que promuevan la inclusión.

La cuestión normativa 

Entre los puntos de partida para pensar la regulación, el organismo definió a la IA con la dualidad que la caracteriza: tiene la capacidad de impulsar el crecimiento y de apuntalar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la vez que conlleva riesgos (como la pérdida de empleo, la erosión de la privacidad, los sesgos algorítmicos y la desinformación, por mencionar algunos). 

Pondera que esta multiple dimensión incide en las competencias que los países puedan tener para legislar sobre algo que está en permanente evolución. Y, por eso, señala experiencias prácticas como son los sandboxes, a los que valora como instancias propicias para el desarrollo responsable de lineamientos; a la vez que recuerda la importancia de garantizar agencias de implementación idóneas y muldisciplinarias, junto con el tendido de lazos y acuerdos multilaterales de cooperación internacional.

A modo de recurso normativo comparado, el trabajo de la Cepal repasa las apuestas regulatorias del mundo, las vinculantes y las no vinculantes, como los Principios de la OCDE sobre IA y la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial; junto con otras normas obligatorias y de referencia global, como es el caso de la Ley de IA de la Unión Europea (AI Act), basada en una clasificación por niveles de riesgo.

Destaca el rol que ocupan las Naciones Unidas, por ejemplo, al crear capacidades comunes, como el Pacto Digital Global, una arquitectura internacional impulsada por la ONU desde 2018.

Fragmento de “El Astrónomo”, de Jan Vermeer

Inclusive, valora que hay países que apostaron por una normativa específica en la región: Perú con la Ley N.º 31814 y su reglamento, y El Salvador, que promulgó su Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías en marzo de 2025 y creó la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

También hay planes que suponen esfuerzos no normativos, pero sí de esfuerzos para el desarrollo. Revela que entre 2027 y hasta agosto de 2025 en el mundo se publicaron 88 estrategias nacionales con ejes en el financiamiento plurianual, la gobernanza dedicada, la participación multiactorial, el monitoreo y la flexibilidad; aunque este número también deja en claro que hay asimetrías geopolíticas entre economías avanzadas y países con menores capacidades que parecen insalvables.

En el caso de latinoamérica, destaca el Plan Brasileño de IA 2024-2028; el CONPES 4144 de Colombia, y las iniciativas de Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba, que disponen de lineamientos oficiales u hojas de ruta de largo plazo y entre las que no incluyó a Panamá por razones temporales. 

También deja en claro que en la región hay apuestas por la sinergia entre países, como el que refleja el acuerdo tendido en octubre de 2026 entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica para promover la cooperación técnica sobre IA, servicios digitales y conectividad.

En la industria de telecomunicaciones, por caso, también se desarrollan instrumentos específicos, como es la certificación de gobernanza de IA que preparan TM Forum y Accenture, orientada a trasladar principios generales a procesos verificables dentro de las empresas.

Cepal hace un foco en las cuestiones de geopolitica y de capacidades y, en lo que al Sur Global respecta, por ejemplo, analiza que hay desventajas estructurales, a las que caracteriza como de triple brecha digital, signada por los datos y las capacidades, el extractivismo (minero, de datos y laboral), la colonización algorítmica y la debilidad frente a la autorregulación o los vacíos regulatorios.

A esta noción de triple brecha la cracteriza como a aquellas barreras estructurales e históricas que enfrentan los países perifericos, condición que los ubica en desventaja frente al Norte Global también en materia de IA. Se trata de carecer de acceso limitado a infraestructura básica (electricidad confiable y conectividad a Internet de calidad), de registros públicos y privados digitalizados, y de profesionales locales formados en IA (junto con la persistente fuga de talentos del Sur hacia el Norte).

Son desigualdades que abrevan a otra brecha, aún más difícil de saldar dado que implican que la IA, en lugar de actuar como un nivelador sea una nueva variable que profundice las distancias de desarrollo y deja a aún más poblaciones rezagadas.

Así, la baja productividad y crecimiento, la alta desigualdad y la debilidad institucional son las tres desventajas que caracterizan a la región latinoamericana en lo que al desarrollo de la IA respecta y que este reporte subraya.

Además, clasifica a los países según su madurez. Al igual que el IIia, pondera como pioneros a Chile, Brasil y Uruguay; como adoptantes a la Argentina, República Dominicana, Colombia, México, Perú, Costa Rica, Ecuador y Panamá; y reúne entre los exploradores a Jamaica, Cuba, Bolivia, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Recomendaciones 

La Cepal desaconseja aplicar una misma secuencia regulatoria a todos los mercados. Plantea construir una capacidad mínima de gobernanza en cada país y convertir las estrategias nacionales en programas con ejecución y presupuestos plurianuales que permitan priorizar instrumentos aplicables al sector público, a la vez que coordinar regionalmente recursos y capacidades. Se trata de un enfoque que busca evitar que la adopción de normas avance por delante de las instituciones encargadas de supervisarlas.

Para el sector de telecomunicaciones, esta relación entre normativa y capacidad operativa tiene un impacto directo. Las redes de conectividad, los centros de datos, la nube y el acceso a capacidad de cómputo forman parte de la base técnica necesaria para desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial. Pero, al mismo tiempo, los operadores incorporan estos sistemas en atención al cliente, automatización de redes o gestión de información deben atender exigencias de privacidad, seguridad, supervisión humana y rendición de cuentas.

Se trata de una propuesta que –disponible aqui- no se limita a promover la aprobación de leyes, sino que vincula la gobernanza de la IA con la política de desarrollo productivo, la formalización laboral y la provisión de servicios públicos; en un contexto en el que las variables de desarrollo sostenible y la geopolítica suman a la balanza.

Noelia Tellez Tejada se desempeña como Editora Adjunta en TeleSemana.com. Periodista y analista, acredita más de 20 años de labor ininterrumpida en medios gráficos, digitales y radiales. Está especializada en tecnología, negocios y telecomunicaciones. Su correo es [email protected]

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