La subasta de espectro para 5G en Brasil promete ser la más grande de la región y quizá por ello, justamente, sea tan complejo avanzar en su resolución. Pero son días de definiciones y debates calientes porque mientras los ministros del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) analizan el informe realizado por el área técnica, Fábio Faria, ministro de Comunicaciones, discutió en la Cámara de Diputados sobre conectividad y geopolítica. Y, a estos debates cruzados en las horas de espera, los ecos del malestar generalizado tampoco tardaron en llegar.
El informe del TCU está en manos del ministro Raimundo Carreiro, cuya decisión puede esperar hasta el 18 del corriente, es decir, mediados de la semana próxima, y aborda varias observaciones en torno a la subasta. Tal como lo titula la nota publicada en TeleSemana.com es un “duro informe”, que dispara críticas a troche y moche, no solo al cuestionar los compromisos establecidos en diversas bandas sino porque también lo hizo sobre la necesidad de crear una red 5G privada, la aspiración de gobierno.
Fue el propio Faria quien sumó definiciones en horas urgentes y lo hizo ante la Cámara de Diputados para adelantar que profundizará sus comentarios sobre ese informe recién después de realizada la votación definitiva. También consideró que la letra de la subasta está lista y que cualquier modificación podría involucrar un retraso de ocho meses, al tiempo que apostó a que los ministros del TCU “entienden y pueden conocer la importancia de 5G para Brasil”.
A su vez, el funcionario reconoció su apuro en avanzar con el tema porque “nuestra industria no puede quedarse atrás”, además de subrayar la intención de universalizar el acceso a Internet. Inclusive, ante el cuestionamiento por la tan demorada conectividad escolar, Faría explicó que la subasta involucra la obligación de cubrir el 95 por ciento de las ciudades con conectividad y que esa cobertura alcanza a las instituciones educativas.
“Tenemos 140.000 escuelas en el país, 85.000 de ellas son urbanas. De estas, 79.000 ciudades tienen Internet. Después de la subasta, todos los demás recibirán Internet. De los 85.000, 72.000 recibirán 5G Stand Alone (SA). El resto tendrá 4G o 5G no autónomo”, detalló el funcionario que fue interpelado por Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, por no haberlo impuesto como compromiso en la convocatoria, tal como sucedió en el de 4G.
“Querían que incluyéramos en el aviso público la cantidad de escuelas beneficiadas y esto no fue posible porque, para que eso suceda, tendríamos que retroceder ocho meses, y luego perderíamos a 5G en Brasil”, subrayó el funcionario y recordó que “el cronograma de instalación se basa en el número de habitantes de las ubicaciones. Así que conectaremos a todas las escuelas y a todas las personas”.
Huawei fue otro tema sensible que estuvo en la órbita de la discusión luego que lo planteara la diputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), integrante del Comité de Ciencia y Tecnología, Comunicación y Tecnología de la Información de la Cámara, y cuestionara acerca de la presión que Estados Unidos estaría haciendo para que el fabricante de orígen chino no participara de la subasta.
Al formular la pregunta, Almeida recordó el rumor acerca de que Estados Unidos habría ofrecido a Brasil convertirse en socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a cambio de obviar a Huawei de esta apuesta, pero el funcionario se desentendió del tema, alegó no tener la información y prometió que no habrán cambios.
“Dejemos que esta disputa geopolítica ocurra después de la subasta. La guerra continuará, sí, después de la subasta, pero no es una guerra para el gobierno brasileño, sino para la producción de chips. Los operadores intentarán comprender mejor esto para saber si habrá un problema de suministro. No creo que tengamos ningún riesgo porque las empresas están invirtiendo mucho”, apostó Faria.
Lo cierto también es que esta semana había circulado que un análisis de la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, Comunicaciones y Minería (SeinfraCom), ponderado por el TCU y el MCom, en el que se advierte acerca del costo económico que implicaría la prohibición de uno de los tres principales fabricantes: Ericsson, Nokia o Huawei. Según ese informe, la ausencia de uno de ellos ocasionaría un costo adicional de implementación de 15.000 millones de dólares (unos 77.850 millones de reales); cálculo que se formuló sobre la base de dos informes, de Telecom Advisory y de la GSMA, que ejemplifian, por ejemplo, con el caso de Europa donde este tipo de restricciones significaron un aumento de costos de entre el ocho y el 29 por ciento.
A su vez, las respuestas del sector de las telecomunicaciones y de los diversos actores que están involucrados en el tema y expectantes de un avance en la materia, se hicieron oír y fueron replicados en medios locales, como Telesíntese y Teletime.
“Si es necesario discutir más el aviso, para que no haya brechas que dificulten que cualquiera que participe en la subasta pueda ofertar, mucho mejor. Es fundamental que el aviso incluya toda la información relevante posible. Si se necesita un debate adicional, que se haga”, dijo Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis Brasil Digital y cuestionó que “no podemos tener un retroceso que sobrevalore frecuencias y sobrecargue la inversión futura”.
Pero para Luciano Stutz, presidente de la Asociacion Brasilsera de Infraestructura para Telecomunicaciones (Abrintel), la extensión ya es excesiva y valoró que “cada cosa en su momento, pero cuanto antes se vaya, mejor para la sociedad brasileña”; en sintonía con Jacqueline Lopes, directora de Relaciones Industriales y Gubernamentales de LATAM South en Ericsson, quien subrayó que la realización de la subasta permitirá “aprovechar el potencial de esta tecnología, de ahí la importancia de que se realice lo antes posible”.
