La Justicia argentina rechazó el pedido realizado por Telefónica para declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 960 que, desde fines de 2020, establece que las telecomunicaciones son un servicio esencial y que fijara criterios tarifarios. Esta noticia se enlista en la saga de encuentros y desencuentros que los operadores locales y el Ejecutivo nacional tienen desde hace poco más de un año. Y aparece en momentos en que la Corte debe decidir la constitucionalidad del decreto, al haber accedido la Cámara Contencioso Administrativo Federal al pedido cautelar de Telecom.
Este fallo contra Telefónica cuenta con la firma de la jueza María Alejandra Biotti, del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, y advierte que el operador no demostró con certeza el perjuicio alegado: había argumentado que la declaración del servicio público y regulación de precios “afectaron de manera directa el estatus jurídico de las licencias y los derechos” de las que es titular y sobre las que presta sus servicios.
Según este fallo de primera instancia, el asunto “excede ostensiblemente el instituto cautelar, en tanto las cuestiones planteadas (inconstitucionalidad y arbitrariedad) importarían necesariamente avanzar sobre la cuestión de fondo para acceder a la tutela requerida”.
A su vez, la jueza recordó la ratificación que el DNU recibió por parte de la Comisión Bicameral Permanente y por el Senado de la Nación; “quedando solamente pendiente que se expida la Honorable Cámara de Diputados, ya sea la mediante su aprobación o rechazo”, y consideró que “no corresponde acceder a la cautelar solicitada puesto que no se hallan acreditados los requisitos necesarios para su procedencia”.
El DNU 690 declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad para regular las tarifas, en un escenario de asilamientos sanitarios de buena parte de la población y ante la necesidad de asegurar la universalidad del servicio de conectividad y de establecer políticas de asequibilidad.
Para muchos especialistas, los criterios de servicio público y de competencia no son compatibles y esa diferencia fundamenta algunos de los reclamos. Sin embargo para voceros del Estado, se trata de una falsa dicotomía y de “un debate que está saldado” porque Internet es un derecho humano.
Según publicó el medio local, La Nación, “fuentes de Telefónica dijeron que ya presentaron un recurso de apelación”. Y, a los de Telefónica y de Telecom, se deben enlistar también los pedidos de cautelares emitidas por la justicia cordobesa, a favor de Catriel Televisora Color y de TV Cable Color, y de la justicia misionera a favor de Video Color Campo Grande.
