Agosto le hace mal a Alberto Fernández. Al menos en términos de telecomunicaciones. El 21 de agosto próximo se cumplirá un año del decreto 690 con el que, además de convertirlas en servicio público esencial en competencia, intervino en los precios, rompió la confianza con la industria y abrió un frente judicial que, como bien se sabe, no hace más que desincentivar inversiones y esbozar un horizonte con neblina constante. Esta semana, en un acto, en plena campaña electoral, en tono desafiante, el presidente volvió a decir que Internet será un servicio público por más que a algunos no les guste. Y desde el Senado una comisión salió a abroquelar esas palabras con un proyecto de ley que refrenda lo que se inauguró hace un año. El sector está en riesgo porque las decisiones que toma el Gobierno y el proyecto legislativo no cumplen siquiera las premisas establecidas en aquel decreto.
En la Argentina no hubo anuncios de inversiones del sector privado este año. Sí se conocieron muchos Aporte No Reembolsables (ARN) de parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que surgen del Fondo de Servicio Universal cuyos resultados aún desconocemos. Hacia adelante crece la incertidumbre sobre el funcionamiento del sector, sobre la universalización que se proclama.
En 2020, los precios de los servicios de telecomunicaciones quedaron congelados. En 2021 comenzó a salirse del descongelamiento, tal como se había establecido en el mismo decreto. El regulador, a cargo de autorizar los incrementos, siempre actuó tarde. Anunciaba el alza para el mes en curso cuando las operadoras tienen que hacerlo, por la misma regulación vigente, con al menos 30 días de anticipación.
Esto sólo generó rispideces, quejas, lamentos, el tango bien conocido por quienes siguen al sector. Pero en esta oportunidad, la melodía tenía sentido. Este desajuste de los tiempos de aprobación y ejecución de los aumentos se mantuvo hasta junio, cuando el regulador decidió, de una vez y hasta fin de año, definir cuánto terminarían incrementándose los precios de la telefonía móvil, la fija, la banda ancha y la TV paga. Y lo fijó en un 23 por ciento para todo 2021, para darles a las operadoras de telecomunicaciones la “previsibilidad” tan reclamada.
Aquel decreto podría ser refrendado, ahora, con un proyecto de Ley salido de la comisión de Informática y Comunicaciones del Senado que, en relación a los precios, toma los mismos principios del DNU 690: que las operadoras de telecomunicaciones “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cumplir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Ni el decreto, ni este proyecto cumplen con esa premisa.
Como se dijo, la salida del congelamiento se tradujo en aumentos autorizados de 23 por ciento para todo el año. Hasta junio, la inflación en la Argentina fue de 25,3 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el organismo oficial. El mismo gobierno había estimado una inflación del 29 por ciento para 2021. Si bien en la Argentina ya se sabía que se trataba de una cifra impostada, los niveles en que suben las cosas son preocupantes. La inflación proyectada para finales de 2021 ronda el 50 por ciento. De hecho, este jueves se conoció el índice de julio, que fue de 3 por ciento, lo que dio como resultado un acumulado de 51,8 por ciento interanual.
El acuerdo paritario fijado con la mesa de unidad de los sindicatos que agrupan a diversas actividades de las telecomunicaciones se cerró en 44 por ciento para el período 2020-2021, a los que se suman bonos adicionales que se pagarán en septiembre y octubre. Porcentajes similares se están aplicando en otras actividades.
El dólar oficial aumentó más de un 50 por ciento desde el inicio de la pandemia. El 20 de marzo de 2020 costaba 63,77 pesos argentinos; el 22 de marzo de 2021 ya había subido a 91,57 pesos, y en agosto ya ronda los 97 pesos, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Definitivamente, el 23 por ciento de aumento “previsible” autorizado por el Enacom está lejos de estas variables aquí enumeradas y ponen en riesgo tanto los costos de la explotación como la prestación eficiente como el margen razonable de operación, tal lo que dice el artículo 2 del decreto 690.
Es en este contexto de datos en el que se debe analizar la batalla judicial que libran el regulador y las empresas. ¿Las empresas sólo han aumentado un 23 por ciento sus servicios cuando todo está por encima de ese valor? No necesariamente. Y esto también hay que decirlo. El amparo les ha servido para que, en algunos casos, las operadoras de telecomunicaciones aplicaran incrementos por encima del “23 por ciento previsible”. Algunas se abusan. No siempre son las más grandes. Hay algunas operadoras medianas que, mejor, mirarlas de lejos.
Fue infructuoso intentar encontrar un número que diera cuenta de cuánto, en definitiva, han aumentado los servicios de telecomunicaciones entre enero y agosto de 2021 en la Argentina. Algunos llegaron -o lo harán- a 23 por ciento, otros por encima de eso, pero sin mayores precisiones. Es cierto que el 23 por ciento no es suficiente pero también que el bolsillo de los argentinos está deprimido y no se pueden aplicar incrementos sin tener en cuenta el contexto.
¿A quién le impacta esta situación? ¿A las grandes compañías: a Claro, Telecom, Telefónica? Sí, por supuesto, y basta mirar algunos balances para dar cuenta de que hay un impacto en los ingresos, amén del aviso de “economía hiperinflacionaria” sobre el que se advierte en cada uno de ellos. Pero a las que más les pega es a las operadoras más pequeñas, a las pyme de telecomunicaciones que, aunque “aguantan” la situación no tienen la misma espalda que las grandes.
Las pymes de telecomunicaciones atienden a más del 35 por ciento del mercado de banda ancha en la Argentina. Las asociaciones que reúnen a esas empresas son las que vienen advirtiendo sobre el daño que está sufriendo la industria. Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE), su presidente, Ariel Graizer, dijo a TeleSemana.com que “el objetivo como país y como industria es lograr la universalización del acceso” pero hoy está en duda. Y que los más de 1.200 prestadores que existen en la Argentina, de distintos tamaños, pero especialmente las pymes que “tienen costos en dólares, necesitan reglas claras, previsibilidad, un horizonte muy claro para poder realizar las inversiones. En estas condiciones las inversiones están paradas y esto se va a sentir”.
Recordó que el buen desempeño de las redes el año pasado, durante los tiempos más restrictivos de la pandemia, se debió a que se habían hecho inversiones previamente, en plazos adecuados y “ante una necesidad tan grande como fue el crecimiento de 45 por ciento del tráfico las redes funcionaron adecuadamente”. Pero “hoy no podemos garantizar a futuro si esto mismo vuelve a pasar porque no se están haciendo las inversiones necesarias porque no está claro cuáles son las reglas”, agregó el directivo. En un escenario como el actual, Graizer advirtió que “el objetivo de la universalización del acceso se ve nublado a largo plazo”.
En el mismo sentido se expresó Franco Cecchini, de CATIP, otra cámara que nuclea a pymes de la industria, quien luego de las declaraciones del presidente Fernández dijo no estar enojado sino “preocupado por la falta de rumbo claro y adecuado en materia de comunicaciones” para luego agregar que es “necesario promover la inversión y la competencia” porque son las pyme las que tienen capacidad para llevar Internet al territorio.
Más del 30 por ciento de la población de este país no tiene acceso a la banda ancha fija. Y la calidad no es la misma para el 68 por ciento que está conectado. La disparidad es enorme. Para universalizar el acceso es necesario pensar en las condiciones que permitan ampliar los despliegues y mejorar los actuales, en simultáneo.
La política es tribunera en la Argentina. En tiempos electorales, mucho más. Y esto le cabe tanto al oficialismo como a la oposición. En septiembre se producirán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a la ronda legislativa de noviembre. Y en una semana cumplirá un año el DNU 690 con el que se dio inicio al culebrón de las telecomunicaciones en este país. Por eso sus declaraciones no pueden pasar inadvertidas.
Agosto le cae mal al presidente Alberto Fernández. O las decisiones y declaraciones que realiza le hacen mal a la industria de las telecomunicaciones. La conectividad resulta básica para cualquier desarrollado de infraestructura que se pretenda, para ayudar a recuperar la economía y para sostener los entramados productivos. Urge pensar y trabajar en el bien común con datos, con conocimiento y con perspectiva. La discusión tiene que pasar por ahí y todos los actores involucrados deben participar. Si es que se quiere construir.
