México y su Estrategia Digital Nacional

Dejando de lado, que llega muy tarde y por ende es difícil que su ejecución pueda ser medianamente exitosa, la recién presentada Estrategia Digital Nacional (EDN) carece de sustancia y precisión en cuanto acciones para llevarla adelante. Les doy un ejemplo: son dos grandes ejes los que se delinean en la estrategia: en primer lugar, la digitalización del sector público y, en segundo lugar, el acceso a banda ancha.

Si bien digitalizar a instancias de gobierno y sus servicios públicos es fundamental, la EDN se olvida de la necesidad de la transformación digital transversal que, más allá del sector gobierno, impacte en otros sectores fundamentales de la economía mexicana: manufactura, turismo, la industria petroquímica, entre otros. Esto es lo que se está discutiendo en otros países, sobre todo en un contexto de pandemia o postpandemia: ¿cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a construir economías más resilientes, competitivas e innovadoras (build back better)?  Aunado a lo anterior, poco o nada hay sobre acciones para apoyar a PYMEs a competir en un entorno crecientemente digitalizado.

Lo bueno.

Me gusta el énfasis en el “govtech”. Es importantísimo promover la adopción de tecnologías en el sector público, y en México hay mucho por hacer en este sentido, pues nos hemos rezagado, mientras otros países con los que nos podríamos comparar como Colombia o Brasil siguen avanzando. Evidentemente, el enfoque de “bienestar social” de la política pública es importante y alineado con debates en muchos otros países (ricos y pobres) sobre los beneficios que la tecnología debe tener para los que más necesitan.

Lo malo.

No me gusta el énfasis en soberanía tecnológica y cómo esto se puede traducir en enfoques regulatorios que limiten el potencial de la transformación digital. Y ya estamos viendo medidas en este sentido. Hace un par de semanas se publicaron las políticas para impulsar el uso de TICS y la seguridad de la información en la administración pública federal donde se hace referencia a localización de datos en territorio nacional.

Otra desventaja importante tiene que ver con el andamiaje institucional y la coordinación entre entidades. En un escenario donde se ha suprimido a la Subsecretaria de Comunicaciones; en el que parece que hay más instancias de confrontación con el IFT que apetito por trabajar en armonía; donde no queda claro la capacidad técnica, operativa y musculo político de la Coordinación de la Estrategia Digital, me parece incierto que haya la coordinación necesaria para ejecutar una estrategia que por su naturaleza es horizontal, es decir, atañe y requiere de diversas entidades de la administración pública federal. En otros países existen al menos Secretarías de Estado o ministerios responsables de la economía digital (Colombia) e incluso comienzan a establecerse ministerios para la transformación digital (España, Italia). En México, ni lo uno, ni mucho menos lo otro.

En resumen.

La estrategia tiene deficiencias importantes: muy pocas definiciones específicas en cuanto a acciones, mecanismos de ejecución, indicadores de desempeño y tiempos; poco se habla sobre tecnologías o modelos de negocio específicos (cómputo en la nube, inteligencia artificial o e-commerce) y su rol en cadenas de valor y procesos productivos en México; y  poco o nada se habla sobre ciberseguridad, protección de datos, alfabetización y transformación digitales de empresas.

Incluso en comparación con la estrategia digital del gobierno peñista, en la de la 4ta Transformación quedan de manifiesto carencias que además son más relevantes en el contexto actual de pandemia, como el apoyo a emprendedores digitales, el desarrollo del comercio electrónico y la construcción de una economía digital.

Christopher Casarrubias es responsable de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales de OneWeb. Su trayectoria lo encontró como jefe de Mercados Emergentes en Access Partnership y como asesor en la Secretaría de Comunicaciones y en la Comisión Nacional de Competencia Económica de México. Tiene una Maestría en Regulación de TIC por la London School of Economics and Political Science (LSE) y es Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

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