Tras el decepcionante proceso de licitación de frecuencias concretado hace unas semanas en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que viene cuestionando duramente las políticas de precio alto en este país, entregó a la Mesa Directiva y a comisiones dictaminadoras del Senado de la República las propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) orientadas a revertir esa situación.
El organismo informó que las tres propuestas son consistentes con las que, en su momento, el IFT envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de las propuestas de modificación a la LFD 2022 desde junio del presente año e, incluso, desde años atrás.
Se trata de las ideas que apuntan a bajar los costos de las bandas para prestar servicios 5G a través de la modificación de las cuotas previstas en los artículos de la ley que refieren a las bandas que aún no han sido asignadas o que no se han autorizado para brindar servicios móviles.
Otra de las recomendaciones apunta a modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 Mhz por Area Básica de Servicio (ABS) en lugar de hacerlo basado en regiones celulares. Es decir, apunta a cambiar la estructura de cobros de derechos previstos para ajustarlos a una variable económica para promover la entrada de nuevos operadores que quieran brindar servicios a escala local. Y que, por esa razón, los pagos de derechos tengan relación con la zona que se va a cubrir con servicios.
La tercera propuesta apunta a incorporar un esquema que acredite erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, a fin de cubrir las localidades sin servicio móvil de acceso a Internet. “La propuesta implica adicionar el artículo 239 bis a la LFD, para incentivar la inversión de los concesionarios actuales de bandas de frecuencias para servicios de telefonía e Internet móviles y llevar conectividad a localidades que actualmente no cuentan con servicios de banda ancha móvil”, dijo el IFT.
El regulador aclaró que las dos primeras sugerencias no equivalen a una reducción de los ingresos que percibe el país porque, en el primer caso, el Estado no está recibiendo ningún tipo de ingreso porque las bandas no están asignadas; y en el segundo, porque si las frecuencias resultan más atractivas habrán más ingresos por contraprestaciones y pagos de derechos.
Desde la última licitación los distintos integrantes del IFT vienen cuestionando cada vez más fuertemente la inacción de quienes tienen en sus manos el poder de cambiar las leyes para que los próximos procesos de espectro sean exitosos, especialmente, cuando el país se encamina hacia la toma de decisiones en relación a 5G.
