A ver cómo ponemos manos a la obra para reducir la brecha digital. En la última jornada del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital 2021 (CLTD 2021) se abordó la cuestión de la inclusión digital y las brechas de acceso y, una vez más, se expusieron los obstáculos existentes en los distintos países de la región para ampliar la conectividad, y también las recomendaciones para evolucionar de una vez hacia mejores estándares en términos de penetración del servicio, de mejora de lo existente y de cambios culturales que vayan desde la educación hacia otras actividades en pos del desarrollo.
La apertura del panel Inclusión digital y brechas de acceso, que reunió a reguladores, empresas y organismos de la industria, estuvo a cargo de Hilda Suárez Vázquez Villanueva, fundadora y directora de la consultora Inclusión y Discapacidad, quien planteó la discusión y le dio la palabra a Oscar León, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). El funcionario señaló que pese al crecimiento exponencial del uso de plataformas y servicios digitales acontecido en la última década, todavía más del 40 por ciento de la población de la región está desconectada.
Mencionó las dificultades que la pandemia ocasionó en la educación de la población infantil, y que la brecha digital es mayor entre las mujeres debido a las barreras de género existentes tanto en términos de acceso a infraestructura como al sistema financiero, razón por la que se deben provocar transformaciones en los contextos culturales.
En sintonía con un informe publicado hace unas semanas por la UIT, sostuvo que es necesario concentrase en que “el enfoque de la transformación digital sea en las personas y no en las redes. Las regulaciones y políticas a largo plazo deben incluir la apropiación tecnológica para los ciudadanos”, y si bien mencionó los obstáculos existentes para reducir las brechas, se concentró en las recomendaciones. La CITEL sostuvo que que estas acciones a seguir se convertirán en una recomendación específica de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los países tengan soporte legal y, así, puedan avanzar de una vez.
Que hayan muchos discursos y pocas acciones ya es insostenible. Por eso es necesario poner manos a la obra ya, lo que obligará a los distintos actores de la industria a establecer los intereses en común sobre la mesa si es que, de verdad, persiguen el bien común de las sociedades que dirigen.
Entre las recomendaciones aparecieron cosas bien conocidas por el sector: contar con fondos de servicio universal para proyectos de conectividad en zonas rurales, remotas o sin servicio; fomentar modelos de negocios innovadores que allanen a nuevos agentes económicos y estimulen la inversión; y promover al ecosistema local de innovación y la cooperación, además de desmantelar barreras a despliegue infraestructura entre gobiernos locales.
También, que se examine periódicamente la normativa aplicable para dar respuestas a las demandas de conectividad y un entorno que fomente el desarrollo tecnológico; incentivar la participación de pequeños prestadores y operadores comunitarios; y promover la cooperación y la eliminación de obstáculos al despliegue de infraestructura, incluyendo la adecuación de estándares mínimos de calidad,
Otras de las 21 recomendaciones de la CITEL apuntan a implementar marcos regulatorios flexibles que faciliten el acceso al servicio y el uso del espectro orientado a incentivar la inversión y promover obligaciones de cobertura; y difundir nuevas tecnologías y técnicas para la gestión dinámica del espectro radioeléctrico con licencia y exento de licencia para permitir el uso flexible y compartido.
Tras la presentación de la CITEL, un panel conformado por distintos actores abordó la cuestión desde su propia óptica. José Juan Haro, director de regulación y negocio mayorista en Hispam de Telefónica, señaló la necesidad de conectar a las zonas rurales a través de políticas públicas que las favorezcan. Y mencionó la cuestión de la sostenibilidad, es decir, encontrar mecanismos distintos para la conectividad en esas áreas pues consideró que los fondos de servicio universal “promovidos de manera centralizada han fracasado en gran medida en nuestra región porque se recaudan y no se destina a servicios, o se destinan a tecnologías obsoletas. Proponemos mecanismos que puedan producir resultados de manera más sostenible”, y ejemplificó con el caso que Telefónica impulsa en Perú junto con la CAF y el BID.
Siguió Patricia Falconi Castillo, subsecretaria de Telecomunicaciones y Asuntos Postales del Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, quien se pronunció por el trabajo articulado entre sector público y privado pero también “con actores internacionales y la academia para hacer propia la problemática en cuanto a asequibilidad de los servicios”
La inversión en infraestructura fue el tema que abordó Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Asuntos Públicos de AT&T México, quien sostuvo la necesidad de que “las políticas públicas se mantengan con política regulatoria, fiscal, de competencia que nos permita tener recuperación económica pero sobre todo habilitar para cerrar las brechas sociales”.
Ana Veneroso, coordinadora de Programas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) mencionó las actividades en marcha y señaló que urge encarar “acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas, a partir de la accesibilidad”, aspecto que desde otro punto de vista, fue profundizado por Javier Juarez Mojica, comisionado del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) de México. Para el funcionario, se debe resolver la cuestión del acceso al espectro y ejemplificó con el último caso en México, donde sobre un total de 40 bandas disponibles se recibieron ofertas sólo por tres.
“Cómo pretendemos reducir las brechas de acceso si este recurso no es asequible a los operadores”, se preguntó para, luego, proponer que “el modelo de redes comunitarias promete mucho para reducir las brechas de acceso pero hay que reconocer que si a los pequeños operadores los obligamos a cumplir con la regulación de los grandes, tal vez el modelo de negocios no les resulte viable”, indicó Juárez Mojica, quien puso como ejemplo al modelo de Brasil. Allí, un comité de pequeños operadores analiza el tema de las cargas regulatorias y buscan reducir las cargas para los operadores comunitarios
Finalmente, Mardio de la Cruz, director senior para relaciones con el Gobierno de Cisco, abordó el valor que la conectividad ganó en pandemia y cómo el mundo, más allá de la ella, se desenvolverá en un formato híbrido, tal como arrojó un estudio de la empresa.
“El 58 por ciento está esperando trabajar desde su casa al menos ocho días al mes cuando termine la pandemia, y el 80 por ciento de las reuniones van a tener al menos un participante remoto. Es necesario habilitar desarrollos tecnológicos para que estas actividades puedan seguir desarrollándose con o sin pandemia”, consideró.
Para concretar esta aspiración, indicó que es necesario “trabajar rápidamente en el tema de habilidades digitales”, aspecto que tiene un abordaje común en América latina y que exige acciones rápidas.
Porque el diagnóstico está claro. No parece quedar más tiempo para actuar. Reducir las brechas digitales y la inclusión es una urgencia y es importante. Es hora de arremangarse. Y de ponerse en acción.
