En México, la profecía se cumplió: el precio del espectro radioeléctrico para los bloques licitados en el marco de la licitación IFT-10 del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, espantó a los candidatos. Sólo se presentaron tres propuestas para las bandas de 2,5 GHz y de 800 MHz de parte de Telcel y AT&T, pero no hubo ninguna para las PCs ni para AWS. La necesidad de conectividad evidenciada en pandemia, y en América latina en particular, no movió ni un pelo a la dirigencia política para tomar nuevas decisiones en torno al espectro, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas; en el caso de México, el regulador.
En el marco de esta ronda, el Estado mexicano embolsará unos 65 millones de dólares por tres bloques de frecuencia sobre un total de 41 puestos a disponibilidad. Es decir, el interés fue de menos del 10 por ciento de la oferta.
AT&T se quedó con un bloque de 800 MHz por unos 18 millones de dólares (374 millones de pesos mexicanos), otro bloque en la misma frecuencia en zonas más lucrativas, como el DF, Guadalajara y Cancún, entre otros, por unos 34 millones de dólares (706 millones de pesos mexicanos).
Telcel se adueñó de un bloque en la banda de 2,5 GHz con cobertura en diversos municipios y sobre los que el IFT había iniciado un proceso de recuperación de señales, recuerda El Economista. Por ellas pagó unos 13 millones de dólares (270 millones de pesos mexicanos) lo que le permitirá configurar una red 4G LTE idónea, califica el mismo medio.
Los resultados fueron dados a conocer por Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico en el IFT, quien por la red social Twitter también informó que “para las otras 36 ABS no se recibieron posturas. Los altos costos del espectro establecidos en la Ley Federal de Derechos se convierten en una barrera artificial a la entrada de nuevos participantes”.
Al ser consultado por TeleSemana.com sobre las razones de esta falta de interés, respondió que “por el problema sistémico que existe en el cobro por el uso de espectro en México. Desde hace un año, señalamos con detalle el problema, el daño que se provoca y las alternativas para resolverlo en un documento que se le envió al Congreso mexicano”.
Las bandas por las que ningún operador se interesó fueron las de 1,7-2,1 GHz, o AWS, y 1900 MHz, conocida también como PCs, que se ofertaron en bloques regionales y nacionales. O como bien lo expresó el IFT en su comunicado: “Como resultado de este proceso licitatorio, quedaron sin asignarse los bloques de las bandas AWS (1755-1760 / 2155-2160 MHz), PCS (1910-1915 / 1990-1995 MHz) y 36 de los 37 bloques de la banda de 800 MHz (814-824 / 859-869 MHz)”.
¿Hay algo más frustrante para un regulador obtener este resultado? ¿México puede darse el lujo de tener espectro en desuso porque los precios no resultan atractivos para ninguna empresa de telecomunicaciones?
Aunque sus indicadores de penetración de banda ancha fija y móvil son relativamente buenos, del 64 por ciento en el primer caso, y del 77 por ciento en el segundo, de acuerdo a datos oficiales, poner el espectro disponible apunta más a ampliar la competencia y a mejorar la calidad de los servicios por esa vía. A pesar de los esfuerzos del regulador en ese sentido, México todavía continúa teniendo un dominio claro de América Móvil, vía Telcel y vía Telmex. Y que todavía haya un 30 por ciento de la población desconectada debería hacer repensar a las autoridades más allá del regulador ciertas políticas para promover inversiones y nuevos despliegues sobre los millones de habitantes aún no alcanzados.
A la par de conectar a los desconectados, la industria también necesita de recursos para mejorar la prestación de los servicios, que termina impactando en los consumidores. La pandemia también dejó en evidencia la necesidad de incrementar los desempeños de las redes en general, y dejar así una infraestructura robusta de cara a 5G. Cualquier proceso de espectro tiene, indefectiblemente, ese horizonte.
No obstante, ni el Ejecutivo ni el Congreso mexicano parecen estar mirando esta cuestión. El documento mencionado por Navarrete recuerda que se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta para modificar la Ley Federal de Derechos “con el objetivo de ajustarlos a la baja para que reflejen los costos de este recurso, con base en las mejores prácticas internacionales, junto con una propuesta de acreditamiento de las inversiones en infraestructura de los concesionarios para llevar servicios móviles a poblaciones que hoy no cuentan con ellas, contra el pago de los derechos por el uso de las bandas de frecuencia correspondientes”. Y ejemplifica con medidas similares tomadas en Colombia en 2020.
Elena Estavillo, ex comisionada del IFT entre 2013 y 2019, dijo a TeleSemana.com que ya no se trata sólo de los altos costos de Hacienda sino también a que “se han debilitado en general las condiciones de competencia y entonces hay muy pocos operadores interesados”.
Cuando la SHCP envió al Congreso el Paquete Económico 2021 que incluye propuestas de modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) de ese país, hizo todo lo contrario a la sugerencia del IFT: “A diferencia de la propuesta para reducir los montos de los derechos presentada por el Instituto, la Secretaría incluyó incrementos del 48 por ciento en dos de las bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2,5 GHz) y propuso valores 186 por ciento superiores a los propuestos por el IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3,3 a 3,6 GHz) estas últimas propiciadas para el despliegue de los nuevos servicios de quinta generación o 5G”.
El reporte advierte que los precios altos por el espectro, junto al hecho de que la mayor parte corresponde al pago de derechos anuales, “resultan barreras a la entrada a nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública de espectro, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T y todo el espectro de Telefónica para servicios móviles), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para las nuevas servicios de quinta generación, limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales”.
La contundencia de las afirmaciones del reporte no sólo no fueron escuchadas sino que, además, se cumplieron en varias de sus aseveraciones. Y el reclamo de las empresas, de la academia, de ex funcionarios del IFT y del mismo IFT, pese a ser constantes, son totalmente desoídas por las autoridades.
Entonces, otra vez la pregunta: ¿Están los países de América latina y, en esta oportunidad, México en particular, en dejar espectro radioeléctrico sin uso y obstaculizar nuevas inversiones en redes en tiempos de acelerada transformación digital? Porque ya no se trata sólo de conectar a los no conectados. Se trata también de pensar en las matrices productivas que se verán impactadas, o no, por la quinta generación.
¿Qué se puede esperar, entonces, cuando México plantee su proceso hacia 5G? ¿Habrá interesados tal como la evolución hacia una nueva tecnología supone o volverán a participar los mismos y escasos de ahora? ¿Estarán dispuestos a pagar cualquier precio porque, de todos modos, el mexicano es un mercado grande y atractivo o lo dejarán pasar hasta que cambien las condiciones? ¿Y si eso ocurriera cuánto tiempo se habrá perdido? ¿Están México y los países de la región en condiciones de perder tiempo y oportunidades en materia de telecomunicaciones por lo que esta industria representa en inversiones y en impacto en recuperación y crecimiento económico?
Demasiadas preguntas que, si las cosas siguen como están, anticipan respuestas tan contundentes como la del documento del IFT que la secretaría de Hacienda de México se niega a considerar.
