A más de tres meses de la asunción del nuevo gobierno en Perú, las aguas siguen álgidas en este territorio en materia de telecomunicaciones. Mientras, por un lado, se toma la decisión de llevarles conectividad a las escuelas, hospitales y comisarías de diversas localidades del país a costo 0, por el otro, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sigue siendo noticia no tanto por sus políticas como por los cambios, idas y venidas de funcionarios que generan tensiones adicionales y que, ahora, llegaron al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) que tiene a su cargo, justamente, la ampliación de Internet en este país y la reducción de la brecha digital.
El viceministro de Comunicaciones, Carlos Sotelo López, anunció la semana pasada que “hospitales, colegios, comisarías y todas las entidades del Estado de 180 capitales de provincia de las zonas más pobres del Perú podrán tener conectividad digital gracias al uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a costo cero”.
Ese costo cero refiere al uso del transporte de datos asociados a la conectividad desde el nodo Lima hacia las distintas regiones del país lo que habilitará un mejor acceso, eficiencia de uso, reducción de precios y un Estado cumpliendo un rol más eficiente, indicó el Pronatel a través de un comunicado.
Esta decisión se toma en el siguiente escenario: antes del cambio de Gobierno, el MTC decidió resolver el contrato firmado con TV Azteca para la gestión de la Red Dorsal de Fibra Optica. Al asumir el Estado peruano la gestión de esa infraestructura debe seguir pagando para que la red se mantenga operativa. Pero, el mismo Estado decidió que, a partir de ahora, el costo del transporte para darles conectividad a esos establecimientos públicos es 0. En la era de TV Azteca el costo por ese transporte era de 27 dólares más IVA.
Que las entidades estatales usen esa conectividad a costo 0 es razonable, más en un contexto donde no hay dudas de que esos establecimientos deben sí o sí tener acceso a Internet y de calidad. De hecho, la medida fue bien recibida por los distintos actores del mercado aunque, en simultáneo, se encienden alarmas.
¿La razón? Hay advertencias que señalan que podría generar problemas a nivel de competencia. El objetivo de la Red Dorsal es llevar conectividad a las áreas que no la tienen pero sin entrar en competencia con las operadoras privadas. Y en la actualidad el 70 por ciento de esa infraestructura está sometida a competencia con el sector privado.
Para Virginia Nakagawa, experta en regulación en telecomunicaciones, es necesario que esto se aclare porque “cuando el MTC dice que el Estado va a usar de manera gratuita debe especificar a qué entidades estatales se refiere, si a los 18 proyectos regionales en curso, o a todas las demás entidades estatales”. El riesgo que se corre es que haya una reacción desde el sector privado que plantee competencia desleal por parte del Estado por ir a prestar servicios con una red subsidiada con recursos del Pronatel.
“Esta red se puede usar para educación, seguridad y salud que son los puntos principales en los que el Estado tiene un rol principalísimo para poder dar servicios”, recordó la ex viceministra de Comunicaciones, como modo de anticipar una de las tantas versiones que vienen circulando en estos días en relación a lo que podría suceder a futuro con la Red Dorsal.
Esta infraestructura tiene reservado un nueve por ciento de su capacidad para uso estatal. Pero hay versiones que indican que ese porcentaje podría incrementarse nueve veces, es decir, llega al 80 por ciento, sin conocerse el fundamento de tal idea. Anticipar esto se choca con la conformación del grupo de trabajo que, en el marco del Ministrio de Transporte y Comunicaciones (MTC) definirá qué hacer con la Red Dorsal. Porque, de alguna manera, señalaron las fuentes consultadas, podría condicionar lo que ese equipo encuentre como el mejor camino para continuar desarrollando y explotando esa infraestructura en favor de Perú.
Otra vez, la conformación de ese grupo de trabajo ha sido bienvenida en el país, aunque diversas voces piden que ese grupo tenga una mirada transversal y que sus consideraciones sean conocidas por los actores del mercado para mejorar las propuestas que surjan de ese espacio. Uno de los cuestionamientos se vincula con que el Estado debe salir de la idea de lo que deben contratar las entidades usuarias porque son éstas las que pueden decir con mejor aproximación qué niveles de servicios necesitan y cómo proyectan los crecimientos de consumo de ancho de banda hacia adelante.
Parte de la preocupación reside en que, desde que se canceló el contrato con TV Azteca, han sido escasos los movimientos certeros en relación a la gestión de la Red Dorsal, a cargo del Pronatel. Hubo coincidencia, entre las voces sondeadas para este artículo, de las cuales algunas prefirieron el off, en que nadie parece advertir que, en enero próximo, la Red Dorsal regresa al Estado y todavía no se ha contratado al supervisor.
¿Cuál es su relevancia? Quien tome ese cargo deberá hacer el due dilligence de la red para saber con certeza en qué situación se encuentra esa infraestructura, en qué estado habrá sido devuelta. Y, al mismo tiempo, ¿cómo se producirá esa devolución? ¿El Estado peruano recibirá los 13.000 kilómetros de una vez o irá recibiéndola por tramos? Hay muchas preguntas pero pocas respuestas que le den conducción a la política de telecomunicaciones en este país.
La indefinición convive, a su vez, con cambios que se suceden una y otra vez. El MTC ya viene siendo cuestionado por nombramientos en diversas áreas. Las telecomunicaciones no han estado al margen. Ahora, fue el turno de Edgar Velarde Ortiz, quien estaba al frente del Pronatel, y cuyo relevamiento causó sorpresa.
El ex funcionario era altamente valorado en la industria por el conocimiento que posee sobre las telecomunicaciones y porque, además, era claro en cada uno de los pasos que venía dando en su área. Según Gestión, su relevamiento se debió a que el contrato con TV Azteca ya está resuelto y se conformó la comisión de trabajo del MTC que debe decidir los destinos de la Red Dorsal. Pero en el sector atribuyen esto más a la presión política que a las formalidades.
“El estaba haciendo bien su trabajo”, dijo una de las fuentes consultas. Fundamentó esa afirmación en que, tanto con la Red Dorsal como con los proyectos regionales, convocaba a los interesados en participar de ellos para agilizar los tiempos y lograr su concreción, modalidad que está contemplada en la normativa cuando no se opta por una licitación, especialmente cuando los tiempos apremian. En Perú, el 40 por ciento de la población aún no está conectada, razón por la que urge avanzar con proyectos de conectividad para evitar profundizar otras brechas.
En su lugar asumió Jorge Túpac Yupanqui, sobre cuya designación no había sido enterado el propio viceministro de Comunicaciones, Carlos Sotelo López, que continúa siendo cuestionado por el contrato de consultoría que celebró con el Gobierno el año pasado. Esta situación, sumada al cambio sólo han logrado generar más incertidumbre en un sector que todavía no encuentra calma, y al que el tiempo se le escurre sin que se tomen decisiones que permitan avanzar de manera concretar en la expansión de la conectividad en Perú, uno de los más rezagados en la región en esa materia.
