“Impedimentos materiales y económicos para cumplir con los compromisos de cobertura”, ese fue el argumento que utilizó Altán Redes para solicitarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una prórroga en las obligaciones de cobertura que debe cumplir de acuerdo al contrato que mantiene con el Estado mexicano. Y el IFT se lo dio. Consideró “procedente” otorgar este permiso, aunque también le solicitó que, a lo largo de 2022, trate de cumplir con la obligación a la que se había comprometido, consistente en cubrir a un 70 por ciento de la población agregada a nivel nacional.
Para explicarlo con datos concretos: a esta altura, Altán Redes debería tener cubierta a una población de unos 19 millones de habitantes en México, ubicados en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Pero su alcance es sobre solo 5 millones de personas. La brecha es prácticamente cuatro veces superior. Esta prórroga se conoce a casi un año de que trascendieran las dificultades económicas que atraviesa la empresa de la Red Compartida para cumplir con los objetivos y obligaciones establecidas en la condición 10.3 del título de concesión otorgado a Altán.
En enero de 2022, Altán debía cubrir al 70,2 por ciento de la población, pero esa exigencia se postergará hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en la que sí tendrá que haber llegado a ese porcentaje de alcance sobre la población, según resolvió el IFT. Este “perdón” otorgado por el regulador no hace más que reconocer que la situación financiera de Altán presenta serias dificultades para alcanzar sus objetivos.
¿Que se prorrogue ahora quiere decir que más tarde podrá darse cumplimiento efectivo? Porque esta extensión no hará más que retrasar a las siguientes metas de conectividad planteadas en el contrato, que contemplaban llegar al 85 por ciento de la población en enero de 2023 y al 92,2 por ciento en enero de 2024. Ese bonito cronograma quedará para el recuerdo.
¿No será tiempo de replantear la metodología o de buscar otras formas de que se pueda llegar a la meta deseada, que es necesaria y que fue imaginada como una política pública orientada a ampliar el acceso y la conectividad allí a donde el sector privado no llega?
No fue solo a Altán a la que se le amplió el tiempo para cumplir con las obligaciones sino también a Promtel, para unificar el criterio frente a esta situación. Promtel tiene a su cargo el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso comercial, recordó el IFT.
En el comunicado, el regulador sostuvo que “se aprobó a ambas concesionarias cubrir al menos 70 por ciento de la población agregada a nivel nacional, con base en la distribución de la población correspondiente al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a más tardar el 30 de noviembre de 2022, así como cumplir el hito de cobertura de 92,2 por ciento de la citada población agregada a nivel nacional a más tardar el 24 de enero de 2028”.
En otras palabras, el pedido de prórroga realizado hace casi un año atrás para llevar la meta de 2024 a 2028 está otorgado. El ruido de aquel entonces se enmarcaba en la pandemia, que todavía generaba restricciones de movimiento. Ahora, cuando prácticamente la mayoría de las actividades están en marcha, esa solicitud ya no genera el mismo ruido que antes. Lo que sí continúa ensombrecida es la situación financiera de la compañía, que no está clara para nadie puertas afuera de la empresa.
La incertidumbre también se cierne sobre las posibilidades de acceso de quienes deben beneficiarse con ella, sean usuarios u operadores móviles virtuales (OMV) que buscan alcanzar a distintos segmentos de la población con otros servicios. Más de 20 millones de habitantes de México merecen una explicación.
