Altán Redes, entre el aumento del capital social para la conectividad y sobrevivir en el laberinto

El cimbronazo que generó la noticia sobre la posible bancarrota de Altán Redes, el consorcio de empresas detrás de la Red Compartida de México con la que se busca llevar la conectividad móvil al 90 por ciento de la población de ese país para 2024, se fundamenta en el aumento de capital social que aprobó la compañía para fortalecer sus finanzas, tal como lo indicó en un comunicado. Hacia adelante, la situación parece haber entrado en un laberinto.

El argumento de esta determinación se basó en la reiteración del compromiso de continuar extendiendo su red para cerrar la brecha digital en México. Hoy, sobre la Red Compartida se brindan servicios a unos 2,5 millones de clientes móviles, sobre un total de más de 120 millones que hay en México, de acuerdo a los datos oficiales. Es decir, la infraestructura es utilizada por algo más del dos por ciento de los usuarios móviles de este país.

“Los resultados de Altán están a la vista, contamos con el respaldo de los inversionistas y del Gobierno de México en este proceso, además de la confianza de nuestros clientes que siguen sumándose a Altán La Red Compartida, y, que en conjunto ofrecen el servicio de conectividad a casi dos y medio millones de usuarios finales”, dijo Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes, en el comunicado distribuido por la empresa.

No hay dudas de que el proyecto tiene el apoyo del Gobierno: la conformación de la Red Compartida está establecida en la Constitución nacional y con espectro propio. Detrás de Altán Redes están actores de peso como Morgan Stanley, la Corporación Financiera Internacional, los proveedores de infraestructura conocidos, el Banamex, Megacable, Axtel, entre otros.

Pero, evidentemente, esta articulación público-privada para llevarle conectividad a todos los ciudadanos mexicanos no es suficiente. La buena intención está clara. Pero si en cinco años, desde que se puso en marcha el proyecto, se subieron a esta red apenas 2,5 millones de usuarios que, mayoritariamente, provendrían de los operadores móviles virtuales (MVNOs, por su sigla en inglés), cuánto más hay que trabajar para tener a más usuarios que le generen ingresos genuinos a este consorcio si ya la regulación está de su lado.

¿Qué pasa, en este contexto con los MVNOs? En la medida en que la Red Compartida continúe operando no deberían preocuparse pero resulta difícil pensar en iniciativas de largo plazo cuando, más allá del aumento de capital social, el proyecto muestra horizontes de incertidumbre. La pandemia nos hace reflexionar sobre la sabiduría de la incertidumbre, pero hay un momento en que transitar el aquí y ahora y nada más se hace insostenible.

La Red Compartida existe porque, como se dijo, está contemplada en la reforma de la Constitución de 2013, más específicamente en el artículo 16 transitorio. De modo que, por tener ese rango, no queda otra que apoyarla, aún cuando sea a pérdida para el consorcio de empresas. ¿Es posible pensar en pérdidas ad infinitum? Si la iniciativa dependiera sólo del Gobierno podría pensarse que sí, porque para eso está el Estado: para satisfacer necesidades, en este caso de conectividad, en las zonas a las que no llegan los operadores privados. Pero aquí, la deuda la están asumiendo organismos internacionales, fondos de inversión, empresas. ¿Serán altruistas para siempre?

La puesta en marcha de la Red Compartida arrancó con claroscuros: por un lado, una buena intención, alcanzar al 90 por ciento con cobertura móvil; por el otro, una enorme resistencia de parte del grueso del mercado mexicano.

Su situación financiera actual evidencia que no será fácil alcanzar al 90 por ciento de la población con sus servicios en 2024. Cuando se gestó la iniciativa no había pandemia en el horizonte. Pensar hoy que las localidades remotas recién tendrán conectividad en tres años suena casi a una broma de mal gusto. Si, producto de la situación financiera, hay que aplazarlo todavía más, es directamente contribuir a la ampliación de la brecha digital. Definitivamente, es necesario acelerar los tiempos de ejecución. ¿Pero cómo encarar un desafío de estas características con un contexto como el actual y un escenario local que muestra complejidad?

Más allá de la posible bancarrota de Altán, el proyecto se mantendrá porque está en la Constitución. Hoy el precio es alto y lo pagan las empresas. Sólo un cambio constitucional permitiría reformular el proyecto, barajar y dar de nuevo. Pero, otra vez, esto es un proceso, que requiere decisión política y acuerdos; tiempo. Es decir, se choca con los tiempos de las urgencias. ¿Cómo se sale de este laberinto? Por arriba. El tema es ver de qué ramita podrán agarrarse.