Las personas que trabajan en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y las plataformas de telecomunicaciones que las viabilizan coinciden en un punto clave, entender la importancia que tiene la tecnología para el crecimiento económico y el desarrollo social de un país. Un convencimiento que fue respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2015 con la publicación de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) a ser alcanzados por sus estados miembros a 2030.
Este listado de aspiraciones para un mundo más justo cubre temas que van desde el fin de la pobreza y la reducción del hambre hasta la protección del medio ambiente, la equidad de género y la disponibilidad de una educación de calidad para todos los habitantes del planeta, integran en sus 169 metas a las TIC como herramienta esencial sin la cual sería imposible cumplir con los ODS.
La inclusión de las TIC en los ODS por parte de la ONU no sorprende a quienes están familiarizados con el acercamiento de esta organización multilateral a la importancia del Internet y otras tecnologías digitales. Para el 2011, en el “Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue”, ya se afirmaba la importancia del Internet como plataforma para la libre expresión, sobre todo de periodistas. Sin embargo, no es hasta 2016 que se presenta una enmienda al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos para asegurar la promoción y protección de derechos humanos en el Internet.
Otros estudios, elaborados por académicos de la Universidad de Columbia, la Escuela de Negocios de Londres o la Universidad de Oxford, han determinado que la adopción de servicios de telecomunicaciones por parte de la población tiene un impacto positivo en el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB). Aseveración a la que, escritos del Banco Mundial puntualizan aclarando la necesidad de una causalidad para que este crecimiento se materialice en los distintos mercados.
Apartándonos de la jerga política, lo que se nos dice es que la adopción por parte de todos los actores de un mercado de las TIC puede llevar al crecimiento sostenido de la economía, siempre y cuando, haya un plan a largo plazo que dirija las ventajas de las nuevas tecnologías en implementaciones que atiendan demandas locales. Sin este tipo de planeación, o causalidad, es muy difícil que se dé el crecimiento económico prometido.
Ante este trasfondo es sorprendente cómo en América Latina y el Caribe los gobiernos de muchos países no reconocen o entienden la importancia que tienen las TIC y las redes de telecomunicaciones como elementos para proteger los derechos de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. Este desconocimiento se ha traducido en atrasos inentendibles en el nombramiento de las personas responsables en formular la política pública, léase el plan de desarrollo digital, hacia el sector.
La ausencia de responsables en dictar la política pública tiene múltiples aristas pues depende del marco normativo y constitucional de cada país. Si los funcionarios son aquellos responsables de entidades que dependen del poder ejecutivo, comúnmente denominadas secretarias o ministerios, lo que se denota es la ausencia de una estrategia macro desde el legislativo para coordinar el crecimiento del sector. Otra cuestión, como se ha mencionado, es que simplemente no se considere importante el sector y por lo tanto se le dé muy poca importancia al momento de hacer nombramientos o asignar presupuestos.
Sin embargo, el costo oportunidad puede ser muy alto pero imperceptible en los primeros meses. La falta de dirección de la política pública del país para las telecomunicaciones y las TIC lanzan un mensaje muy preocupante a los distintos inversiones potenciales o existentes en el país en cuestión. Ante la incertidumbre, se posponen nuevas inversiones y su efecto multiplicador en el bienestar de la población. Asimismo, la falta de estabilidad en estos entes puede crear en más de un inversionista potencial, la percepción de una debilidad de las instituciones del estado pues las puede ver como débiles para poder implementar la legislación vigente. En otras palabras, las pueden observar como entes relegados a la discrecionalidad de otros poderes de gobierno y no apegados al marco existente legal.
No obstante, las malas noticias aun no terminan. Nuevamente, dependiendo del marco jurídico existente para el sector, el ministro o secretario puede tener responsabilidades que tienen repercusiones directas en otras agencias de gobierno. Su ausencia puede congelar el avance de iniciativas o implementaciones de otras autoridades, lo que, de forma agregada, puede tener un altísimo costo para el erario. La falta de un líder también podría llevar a la no designación o contratación de personal que se encargue de liderar distintos proyectos o divisiones dentro de las agencias de gobierno pertinentes. Como dirían los economistas, un altísimo costo oportunidad no designar autoridades para las TIC.
Ahora, el impacto que puede tener la ausencia de autoridades TIC en un gobierno en un entorno de transformación digital no se van a limitar a las empresas de este sector. Así como las TIC son necesarias para impulsar los ODS, también lo son para impulsar la digitalización de todos los sectores productivos de la economía. Ante la falta de dirección clara o la ausencia de un plan digital nacional, se podría desacelerar la adopción de nuevas tecnologías impactando negativamente de esta forma al país.
Las TIC ya no son simples elementos para comunicarnos, o entretenernos. La ONU las ve como herramientas necesarias para la promoción de los derechos humanos y las empresas como la llave maestra para ser más eficientes y productivas. No hay ningún sector de la sociedad que no se beneficia activamente de las TIC, desde los clubes deportivos que tienen una mejor relación con sus hinchas hasta los creados de contenido cultural que ahora pueden difundir sus obras a geografías insospechadas hace tan solo un par de décadas.
Lastimosamente la experiencia latinoamericana es intermitente. Ante cada logro, encontramos decisiones irracionales que minimizan el rol de las TIC. Desde gobiernos que reducen la importancia y alcance de las autoridades del sector, hasta aquellos que las eliminan. Otros las convierten en organismos intervenidos sin programa de crecimiento o agenda de conectividad frenando de esta forma sus beneficios directos e indirectos. En el peor de los casos, se ha llegado a generar una lucha de poderes en las cortes de justicia que quita tiempo y recursos a los involucrados.
Mientras los gobernantes de América Latina continúen ignorando la transversalidad e importancia de las TIC y la necesidad de fomentar que sus plataformas de difusión alcancen a la mayoría de la población, lo único que lograrán es incrementar costos operativos y fomentar la falta de transparencia. No atender las necesidades del sector al restarle importancia al mismo eliminando entidades, restándole rango al gobierno o no designando responsables para dirigir estos organismos, lo único que consigue no es gobernar mejor sino también malgastar fondos públicos al autoimponerse un impuesto a la ignorancia.
- Las columnas de José Otero para TeleSemana.com son a título personal.
