Las pérdidas que está registrando Une EPM Telecomunicaciones obligó a que se abriera una mesa de negociación con su socio, Millicom, para buscar soluciones que impidan que la sangría financiera impacte en la salud de la operadora de telecomunicaciones de Colombia. En 2022, UNE EPM registró pérdidas por más de 107 millones de dólares (473.813 millones de pesos colombianos) y en el primer trimestre del año ese rojo ya ascendió a más de 33 millones de dólares (148.397 millones de pesos colombianos), lo que anticipa un año tan difícil, o incluso peor, que el que ya pasó.
Estos datos motivaron a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, solicitara a Millicom un informe inmediato sobre la situación financiera de Tigo-UNE a las distintas autoridades regulatorias, como la Superintendencia Financiera, de Sociedades, de Industria y al Ministerio de las Comunicaciones (MinTIC).
Esta situación volvió a generar tensiones entre los socios, lo que motivó la intervención del Gobierno de Colombia para inaugurar una instancia orientada a buscar soluciones. Ya se había registrado un capítulo anterior cuando el Concejo de Medellín negó la posibilidad de activar una cláusula que permitiera vender acciones de EPM para recuperar parte de lo perdido.
Si bien Millicom tiene la intención de capitalizar a Tigo con unos 170 millones de dólares (750.000 millones de pesos colombianos), EPM tendría que hacerse cargo de la mitad de ese monto, aunque Quintero ya anticipó su negativa. A esto se suma la posibilidad de solicitar un préstamo por unos 200 millones de dólares ( 860.000 millones de pesos colombianos) para pagar deudas con proveedores pero tampoco hay certezas sobre si esto es posible o no.
En virtud de esta situación, las distintas partes involucradas han tomado cartas en el asunto, comenzando por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, y el consejo presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan. Los funcionarios han manifestado la necesidad de garantizar la salud financiera de la empresa como condición necesaria para proteger a los usuarios y al patrimonio de los accionistas.
La urgencia por resolver esta situación también se enmarca en los futuros procesos en los que estará involucrada la operadora de telecomunicaciones: la renegociación de las concesiones de espectro, por un lado, y el avance hacia la licitación 5G, que se espera se concrete en el segundo semestre de este año. En ambos casos, la compañía necesitará de fondos frescos para hacer frente a los compromisos derivados del espectro y, luego, de los nuevos despliegues de redes.
EPM y Tigo se fusionaron en 2013 y desde entonces operan bajo la marca UNE. EPM accedió a una participación de 50 por ciento más una acción pero cedió el control a cambio del pago de una prima. Por ese motivo, tiene voz pero no administra ni tiene mayoría a la hora de tomar decisiones. El modelo de pago de dividendos en esa primera etapa fue conveniente, desde hace seis años Tigo no ha vuelto a transferir dividendos, según indicó Jorge Carrillo, gerente de EPM, en declaraciones meses atrás que fueron recordadas por La República.
Más allá de estas cuestiones, quienes conducen la compañía parecen tener claro también lo difícil que está siendo para Tigo la competencia en un mercado donde hay un actor dominante. Aunque no lo nombran, aluden a Claro. La competencia, más los efectos postpandemia, como la inflación, agravan la situación de la operadora. Es lo que explica la urgencia por avanzar con una mesa de diálogo que permita encauzar soluciones.
