Que hacia 2030 el 80 por ciento de los habitantes de América latina y Caribe tendrá acceso a una red de banda ancha con conectividad de última generación, pero que los operadores deberían tener una menor carga impositiva para poder acelerar las inversiones que se ralentizaron en la pademia, además de tener esquemas regulatorios que propicien la compartición de infraestructura, fueron algunas de las conclusiones a las que arriba “Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económico-financiera”, el trabajo que realizaron el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Telecom Advisory Services.
¿Cuál es la brecha de conectividad en América latina y el Caribe, y cuál es su relación con las inversiones? ¿Cuál es la perspectiva económico financiera de la región? Fueron las preguntas más relevantes que buscaron responder en este trabajo, con el afán de sondear al sector de las telecomunicaciones y ofrecer información que permita “desarrollar agendas y políticas mejor adaptadas para impulsar la conectividad y la transformación digital en los próximos años”.
A tal efecto, se trabajó con los resultados financieros de 76 operadores de la región y de los 14 países que representan el 91,9 por ciento del PBI regional y más del 86 por ciento de la población: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Honduras y Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y México.
El trabajo también pondera que, en términos de ventas brutas en 2021, el sector facturó 88.500 millones de dólares, o sea, el 1,91 por ciento del PIB total de la muestra de países, y que sobre ese total, Brasil y México representan el 57 por ciento de los ingresos sectoriales, mientras que Bolivia y Costa Rica poseen un nivel relativo superior al resto de los países con 3,84 y 3,43 por ciento, respectivamente.
En la última década, los ingresos del sector decrecieron y el Ebitda agregado para los 14 países estudiados, equivale a alrededor del 32,28 por ciento de las ventas brutas; al tiempo que las inversiones de capital fueron de 78.000 millones de dólares entre 2018 y 2021.
Otro elemento que pincela el contexto es que el crecimiento en la inversión se interrumpió durante la pandemia: en 2020 la caída interanual fue del 18,2 por ciento y, en promedio, significó el 23,4 por ciento de las ventas brutas; al tiempo que la cuestión impositiva, que viene reduciéndose desde 2019, representó un 8,07 por ciento de los ingresos brutos en 2021.
“Si bien la tasa ponderada de Ebitda es positiva (32,07 por ciento), la industria de telecomunicaciones está invirtiendo a una tasa superior de la que es universalmente aceptada (23,40 por ciento o 20 por ciento si se excluye el costo de espectro). Esto refleja la presión sobre los operadores del sector que deben continuar invirtiendo en infraestructura para acomodar el crecimiento de tráfico y continuar modernizando sus redes. Esta presión es aún mayor cuando se considera que el 8,07 por ciento de los ingresos brutos deben ser canalizados en impuestos y contribuciones”, dice el informe y advierte que una posible reducción de la presión tributaria podría redundar en el mantenimiento de la tasa de inversión.
¿Y la brecha de cobertura? El informe aborda el segmento fijo (FTTH), el móvil (4G y 5G) y el satelital, vinculando los niveles de cobertura con la inversión para estimar cuánto demandaría alcanzar las metas potenciales de cobertura hacia 2030. Y, aunque reconoce las diferencias lógicas de cada territorio, el trabajo resume que -en promedio, la región logrará tener el 98 por ciento de sus habitantes bajo cobertura 4G (que llegaría al 99 por ciento al incluir la tecnología satelital), el 81 por ciento en 5G y 65 por ciento en FTTH.
¿Y la inversión? “La inversión como porcentaje de las ventas convergerá hacia un nivel de largo plazo situado entre el 16 por ciento y el 17 por ciento, cifra que se aplica a las proyecciones de ingresos futuros a precios constantes”, dice el informe y estima que hacia 2030 representará un acumulado de 108.361 millones de dólares (en dólares constantes de 2021), lo que equivale a 27,5 dólares anuales per cápita.
Pero de este informe se deduce que los operadores de telecomunicaciones, aunque deberían aumentar sus niveles de inversión, “no se encuentran en la capacidad de realizarlo dadas las condiciones financieras y las tendencias decrecientes de ingresos e inversión antes mencionadas”.
¿Cómo resolverlo? La regulación es una de las salidas. “Se deben considerar cambios en el marco regulatorio, tributario y de políticas públicas que permitan generar una modificación en el monto de inversiones destinadas al despliegue de redes”, dice y señala la importancia de propiciar esquemas de compartición de infraestructura.
Con todo, las más de 100 hojas que integran este documento están a disposición de las personas interesadas, a través de este link.
